El Ministerio de Hacienda ha confirmado que, por primera vez, parte de los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarán Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La decisión llega tras la nueva subida del SMI en 50 euros mensuales, hasta los 1.184 euros en 14 pagas, que el Consejo de Ministros aprobará este martes 11 de febrero de 2025.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un aumento del 61% en el SMI desde 2018, pero en esta ocasión no ha ajustado el umbral exento del IRPF. Hasta ahora, Hacienda había adaptado el límite de tributación para evitar que los trabajadores con el salario mínimo tuvieran que pagar este impuesto. Sin embargo, la decisión actual implica que aproximadamente 500.000 trabajadores pasarán a tributar.
¿Quiénes pagarán IRPF y cuánto?
La medida afectará principalmente a trabajadores solteros y sin cargas familiares, quienes tendrán una retención del 2%, lo que equivale a 21,4 euros al mes (300,05 euros al año). Por otro lado, quienes tengan pareja y un hijo mayor de tres años verán una retención menor, de 99 euros anuales. En cambio, los contribuyentes con pareja e hijos menores de tres años quedarán exentos.
El debate político y económico
La oposición ha criticado la medida. El Partido Popular ha calificado de «expolio» que los trabajadores con SMI contribuyan en el IRPF, mientras que desde el Gobierno se defiende que la mayoría seguirá sin tributar y que este umbral se mantiene en niveles comparables con otros países europeos como Francia o Alemania.
Expertos económicos subrayan la necesidad de reforzar el IRPF como herramienta de control y redistribución, señalando que incluir a todos los trabajadores en el sistema favorece la concesión de ayudas y la planificación de políticas sociales.
El incremento del SMI a 1.184 euros trae consigo una novedad fiscal relevante: por primera vez, parte de sus beneficiarios tendrán que tributar IRPF. Aunque el 80% de los perceptores seguirán exentos, el 20% restante, principalmente jóvenes y personas sin cargas familiares, afrontará retenciones. La decisión ha generado un intenso debate sobre fiscalidad y justicia social, que seguirá en el centro de la discusión económica en los próximos meses.
