Como dictamina la ley de Formación Profesional, aprobada en 2022, cualquier adulto que carezca de una titulación académica pero que alcance un nivel mínimo en competencia matemática, lengua castellana y digitalización podrá acceder a la FP, a la que ya se puede entrar sin haber terminado 4º de ESO (en la rama básica), algo que todos los expertos valoran como un aspecto importantísimo en la lucha contra el abandono escolar temprano. El porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado la educación obligatoria y no sigue ningún tipo de educación ni de formación ha marcado su mínimo histórico en España (13%) pero está aún lejos de la media europea: 9,50%.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado esta mañana el real decreto de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral ya sea por formación no reglada o aprendizaje informal. Se trata, según el departamento que dirige Pilar Alegría, de garantizar un procedimiento «permanentemente abierto, gratuito y accesible» para que los ciudadanos con bajo nivel de competencias básicas puedan validarlas y continuar con su formación a través de una oferta adecuada a sus necesidades de calificación y recualificación profesional. El ministerio baraja que unos 10 millones de personas podrán beneficiarse de la medida, que pretende ampliar el nivel de formación y la empleabilidad de la población sin titulación académica.
El proceso -que se llevará a cabo en centros públicos de educación para personas adultas, institutos de FP y otros instituciones autorizados por las autonomías- consta de varias fases. La primera, la inscripción. La segunda, la evaluación, en la que los solicitantes podrán aportar pruebas de sus conocimientos y en algunos casos, se les someterá a un examen. El tercer paso será la resolución y acreditación, que vendrán acompañadas -al menos, en teoría- de orientación profesional a través del diseño de itinerarios formativos personalizados y que estarán, preferentemente, dentro del sistema de FP.
La ley de FP, de 2022, incluye la acreditación de competencias profesionales para todos aquellos adultos con larga vida laboral en un ámbito profesional pero sin titulación específica. Es una práctica que empezó a llevarse a cabo hace 10 años, aunque de manera muy lenta y que atañe a los trabajadores con amplia experiencia en su sector pero sin un título que acredite sus conocimientos. Hablamos, según los datos ministeriales, de la mitad de la población trabajadora: 11 millones de personas. El sistema de acreditación de competencias profesionales permite a esos empleados conseguir supestamente de manera ágil un título oficial, muy útil en caso de que, en algún momento, se queden en paro y busquen trabajo. Desde 2022, el reto del ministerio es acreditar en cuatro años a tres millones de personas en los centros de FP. El trabajador puede quedarse con ese título o bien cursar algún módulo específico para completar su formación y ampliar su currículo académico. Es decir, la acreditación puede ser parcial o completa.
