El Banco Sabadell saca la artillería contra la OPA hostil de BBVA. Tras presentar unos resultados récord el pasado viernes con un aumento del dividendo, los máximos directivos de la entidad catalana -su presidente Josep Oliu y el consejero delegado César González Bueno– redoblaron este lunes sus mensajes públicos frente al intento de compra del banco vasco que dirige Carlos Torres.
Entre otros argumentos, desde la firma catalana defienden que las condiciones que puede dictar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar su visto bueno a la operación podrían no ser suficientes para mitigar los riesgos sobre el mercado. Según Oliu y González Bueno, medidas a 18 meses o tres años vista como ha propuesto el propio BBVA en su propuesta de remedies «no arreglan nada». «Estas medidas de competencia son temporales. Si esconden un problema de competencia, en tres años continuaría estando ahí», subrayó el presidente.
El organismo regulador que dirige Cani Fernández ha elevado a fase 2 su investigación sobre las implicaciones de la operación que daría como resultado el segundo mayor banco de España. En unas semanas, y tras recibir aportaciones de las partes implicadas, deberá emitir un dictamen en el que diga si debe ser autorizada de pleno o autorizada con compromisos. En este segundo caso, deberá recoger las medidas que impone al BBVA si quiere seguir adelante con la compra del Sabadell.
Después de eso, el Gobierno tiene potestad para modularlas en base a la ley de Defensa de la Competencia de 2007. Una vez que se pronuncie la CNMC, el Ministro de Economía tiene 15 días para decidir si eleva un informe al Consejo de Ministros en el que plantee suavizar, endurecer o dejar igual las medidas que dicte Competencia. Desde Moncloa, que no es proclive a la operación, podrían poner las cosas más difíciles al BBVA en un plazo de 30 días tras recibir la propuesta del responsable de Economía.
Según el tenor literal de la ley, el Gobierno debe atenerse a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. Y la norma se refiere «en particular» a los siguientes: a) defensa y seguridad nacional, b) protección de la seguridad o salud públicas, c) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, d) protección del medio ambiente, e) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, f) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
Para el BBVA, esto supone una lista taxativa en la que no caben más supuestos de los contemplados bajo ese paraguas de «en particular». En la parte del Sabadell no lo ven así y están convencidos de que la redacción de la norma no excluye otras razones, por lo que daría margen suficiente para que Moncloa aplique criterios de interés general, más allá de los recogidos específicamente por el artículo 10.4. de la ley.
Endurecer las condiciones «no lo puede hacer por motivos de competencia, pero sí por motivos de bienestar y de bien social, que incluyen el equilibrio territorial o que las distintas Comunidades tengan el mismo acceso al crédito entre ellas», sostuvo este lunes González-Bueno en Onda Cero. «Esperamos que la CNMC, en fase 2, y luego el Gobierno en fase 3, defiendan verdaderamente los intereses no solo de los accionistas, que eso ya lo hacemos nosotros, sino por supuesto de todas las pymes de España, ya que una de cada dos pymes son clientes de Sabadell», añadió en otra entrevista en TVE González-Bueno.
Los compromisos del BBVA
Entre los compromisos concretos que ha presentado BBVA está no cerrar oficinas donde no haya otra cerca y mantener las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades. Además, se compromete a mantener durante 18 meses las líneas de circulante a todas las pymes y el volumen actual de crédito total a aquellas pymes que trabajan únicamente con las dos entidades.
Una vez que el regulador dé su visto bueno a la OPA, el Consejo de Ministros podrá confirmar la resolución dictada por el Consejo la CNMC o acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. «Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. antes de adoptar el Acuerdo correspondiente», señala la ley en su artículo 60.
Posteriormente a todo esto, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cierre el período de aceptación de la OPA y, en caso de que esta triunfe, el Gobierno tendrá una segunda oportunidad para frenar la operación. Una vez que las dos juntas generales de accionistas propongan un eventual acuerdo de fusión, aquí sí el Ejecutivo tendrá derecho de aprobar o vetar esa fusión. Pero para llegar a ese punto todavía faltan meses.
