El Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia suma derechos y amplía el catálogo de servicios al tiempo que borra los recortes del Gobierno de Rajoy. Parece un avance pero, según asociaciones y patronal, si no viene acompañado de un incremento de la financiación, todo «queda en papel mojado».
Es «pura cosmética del Sistema [de Atención a la Dependencia], que solo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares», asegura la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que recuerda que 270.325 personas se encuentran en las listas de espera de una Ley que se sigue incumpliendo desde hace 18 años. O que cada 15 minutos fallece alguien en estas listas (34.252 personas en total 2024).
También mencionan que se tarda 334 días en dar la prestación o servicio; más de dos años en algunas comunidades. O que la cuantía de las prestaciones económicas y de los servicios son «a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas», con una media de 264 euros para la prestación de cuidadoras no profesionales.
En los últimos años, varias voces se han alzado para pedir más financiación. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado incrementar la inversión en cuidados, hasta llegar a un 1,5% del PIB, más o menos el promedio de la OCDE. En España no llega al 0,9%. En change.org se han recogido ya 37.500 firmas para pedir este aumento.
En mayo de 2023, el presupuesto para las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) se incrementó en más de 783 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Supuso una cifra récord, pero insuficiente para este plan. Al preguntarles por esto, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explicaban hace dos semanas a este medio que esperaban que la dotación continúe aumentando, aunque sin matizar cuánto.
Falta personal
En un comunicado, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) también critica el anuncio de esta reforma sin presupuesto. Su presidente, Ignacio Fernández-CID, asegura que, mientras se les «exige mejorar las condiciones laborales, aumentar los ratios de personal y mejorar la calidad del servicio», algo que apoyan, «tienen las tarifas congeladas desde hacen años».
«Nos hablan de obligaciones presupuestarias y de leyes de desindexación, pero lo cierto es que llevamos demasiado tiempo sin una actualización realista de la financiación. Así es imposible garantizar un servicio de calidad”, recalca.
La reforma también prevé expandir la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario e incorporar apoyos en la vivienda para que, quienes estén en situación de dependencia, puedan desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.
Esto forma parte de la estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de los dependientes en su hogar, como quieren muchas personas. «Pero la realidad es que, actualmente, un dependiente de grado 3 recibe de media solo 57 horas de ayuda domiciliaria al mes, claramente insuficientes”, explica Fernández-Cid.
Además, señalan que, a día de hoy, uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la escasez de profesionales cualificados. Y eso, según la Federación, es algo que el anteproyecto ignora. Critican que no se estén implementando políticas activas de empleo para atraer talento al sector.
También indican que la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno incrementará la necesidad de más profesionales, sin que haya un plan realista para su incorporación. «Sin abordar esta cuestión, cualquier reforma es papel mojado», sentencia Fernández-Cid.
Más participación del sector
La patronal mayoritaria del sector también denuncia que la reforma ha elaborado «sin contar con la participación de los principales actores del sistema, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de atención a la dependencia y el bienestar de miles de personas«.
«Nos hemos enterado prácticamente cuando la reforma ya estaba decidida. Es inaceptable «que se elabore un cambio normativo de esta envergadura sin consultar a quienes sostienen el sistema: las entidades que gestionan el 75% de la oferta residencial y el 95% de la ayuda domiciliaria”, afirma el presidente.
Por todo ello, la FED reclama al Gobierno que escuche al sector para impulsar una reforma que tenga en cuenta su realidad. «No queremos brindis al sol, queremos soluciones viables”, concluye Fernández-CID.
