Carlos Mazón / Levante-EMV
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, dejó claro el sábado en Tavernes de la Valldigna qué ha movido al Consell que encabeza a aprobar la ley de la costa valenciana: defender la propiedad privada, los negocios históricos y el turismo. Todos ellos objetivos absolutamente lícitos, entre otras cosas, porque sin motores económicos solventes es difícil mantener el progreso. Hasta ahí, todo correcto. Seguramente es el mismo espíritu que ha llevado a su gabinete a modificar la ley de la huerta esta misma semana y que encierra, en realidad, algo así como una enmienda a la totalidad a la protección del territorio de su antecesor en el Palau. ¿Es el mejor modelo? Debatible. Lo que ya parece menos defendible es el momento.
Veamos por qué. Ese último texto legal, el de la huerta, modificado por la vía de urgencia, supone en la práctica, por ejemplo, abrir de nuevo la puerta de par en par a la construcción de campos de golf –el término en la norma es «instalaciones deportivas singulares»– en pleno debate sobre la viabilidad de un modelo de negocio basado en complejos fagocitadores de recursos hídricos cada vez más escasos debido a un innegable cambio climático que acaba de abofetear a Valencia dejando un reguero de pérdidas humanas y materiales difícil de superar.
En este contexto, apostar hoy por modelos turísticos que florecieron en los años del ladrillazo, ese del que prometimos huir por aquello de no tropezar otra vez con la misma piedra, modelos difícilmente compatibles además con esta nueva realidad climatológica, parece, cuanto menos, inoportuno.
Y eso, sin entrar en otras cuestiones de fondo como lo paradójico que resulta que se utilice el marco de una ley nacida para proteger los espacios de huerta y regenerarlos allá donde se han degradado con una finalidad bastante distinta. Vamos, que choca lo de cambiar carxofa y garrofó por ryegrass y zoysia cuando se hace bajo el título de Ley de la Huerta.
Sorprende no solo el fondo, sino también la forma. El Gobierno de Mazón ha elegido esa fórmula, la del decreto ley, que habla de una urgencia que no se entiende bien en contraposición con una realidad mucho más acuciante y visible, que sí precisa de esa intervención de emergencia: la reconstrucción postdana.
Y volvemos a la otra norma. El presidente de todos los valencianos, en su alocución del sábado ante afectados por la ley de costas estatal, ante los que defendió con pujanza la fórmula del autogobierno para ganarle espacio al ladrillo en los márgenes marinos, no dudó en tildar de «fanatismo ecológico» la norma de protección del litoral del Gobierno central. Habrá que entender esa calificación en el marco de la espiral de acusaciones, de límites aún desconocidos, que está desparramando una cortina de humo sobre un asunto, el de las responsabilidades por las consecuencias de las riadas y barrancadas, que nada tiene de baladí. Y si no, que se lo digan a esa jueza que voluntariamente ha dado un paso al frente para intentar dilucidar qué se hizo, qué no, cómo y quién para que hoy haya 227 personas muertas, tres de ellas aún desaparecidas, y daños por valor de miles de millones de euros.
Precisamente por eso, no parece este el mejor momento para banalizar sobre las consecuencias de un cambio climático que ya no es una amenaza ni un futurible, sino una realidad y un presente que han traído dolor, indignación y pobreza.
Por esa razón, hacer posible resucitar viejos proyectos, golfísticos o similares, en estos tiempos de dana, de esta dana que nos ha revelado sin preliminares la obsolescencia de pensar en índices pluviométricos que no se repiten más que cada 500 años a la hora de fijar los límites de lo inundable, y hacerlo con esta urgencia, no solo ha llamado la atención de la oposición política de Mazón. Eso, evidentemente, era, y es, esperable.
Lo preocupante es que ha sido la Abogacía de la Generalitat la primera que ha levantado el dedo para poner en tela de juicio fondo y forma. Se preguntan los letrados al servicio de la autonomía que somos todos que por qué esa fórmula y esas prisas, y se cuestionan la razón por la que se ha modificado un artículo, el 35, de la anterior norma de la huerta para introducir una posibilidad, la de construir esas «instalaciones deportivas singulares» en áreas degradadas pero aún con protección, algo que, al menos en apariencia, y salvo que alguien tenga una explicación que había pasado por alto dar, no casa mucho con ese espíritu de la ley que era el de proteger los espacios agrícolas tan históricos como esos negocios a los que aludía Mazón.
