Han sido la historia de nunca acabar del arranque político del año. Las pensiones y su eventual subida han ocupado en las últimas semanas cientos de horas de las tertulias. El motivo, la tramitación parlamentaria de una revalorización anunciada a finales del año pasado: el 2,8% para las pensiones mínimas, el 6% para las no contributivas y el 9% para las no contributivas, que aumentan lo mismo que el Ingreso Mínimo Vital.
Después de que la suma de los votos de PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso un primer intento de tramitación por parte del Gobierno, hace un par de semanas los populares dieron por bueno un decreto que afecta a la cuantía que reciben cada mes más de nueve millones de pensionistas. De estos, unos 4,57 millones reciben menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que 4,58 reciben entre el SMI y la pensión máxima, según datos del mes de enero proporcionados por la Seguridad Social.
Algo más de 163.000 recibieron el pasado mes de enero la pensión máxima, que en 2025 ha subido ya un 2,8%, igual que todas las pensiones contributivas. A este porcentaje cabe añadirle un 0,115% proyectado en la última reforma de las pensiones como una pequeña compensación parte del exministro de Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. La idea es aumentar algo más las pensiones máximas en un momento en el que se ensancha la base de cotización a la Seguridad Social precisamente de parte de quienes aportan más.
Pero esto no es lo único que puede inquietar a los pensionistas. Aplicada esa subida del 2,915% prevista para 2025, las pensiones máximas subirán de los 44.450,56 de 2024 a los 45.746,40 de 2025, o lo que es lo mismo, un pensión de 3.267,60 euros mensuales a los que se pueden sumar pagas extraordinarias siempre y cuando no se supere el límite anual.
En términos absolutos, entre un año y otro esto representa una diferencia de 1.295,84 euros. No obstante, este dinero no irá a parar íntegro al bolsillo de los pensionistas. Salvo en casos particulares como la pensiones de orfandad, el auxilio por defunción (una ayuda para quienes se hacen cargo del sepelio de un fallecido), las pensiones por incapacidad absoluta, las víctimas por terrorismo y la prestación familiar por hijo a cargo, al igual que el resto de ciudadanos, los pensionistas están obligados a tributar su pensión siempre y cuando estas superen un mínimo exento. Este, a falta de saber si Hacienda lo ajustará al nuevo SMI, en España está situado en 15.876 euros anuales.
A las pensiones máximas les toca pagar, y les toca hacerlo con arreglo a los tramos de IRPF contemplados para 2025. Estos tienen una parte estatal y una autonómica, y están sujetos a circunstancias personales como los mayores de edad a cargo. No obstante, como aproximación teórica, considerando para la parte autonómica el gravamen general que se aplica por ejemplo a los no residentes en España, las pensiones máximas tienen que tributar un 19% en el tramo que va de 0 a 12.450 euros; un 24% en el que va de 12.450 a 20.199, un 30% en la parte de 20.200 hasta 35.199 euros; y un 37% en la cantidad restante.
Esto significa que la diferencia de 1.295,84 entre la pensión máxima de 2024 y la de 2025 se suma al último tramo, es decir, al que tributa al 37%. El resultado es que Hacienda se quedará unos 479 euros del aumento, con lo que el incremento neto de pensión que llegará a los bolsillos de quienes cobran la máxima será de 817 euros anuales, algo menos de 60 euros al mes en 14 pagas.
Es el resultado de un diseño del impuesto progresivo que busca que quienes cobran más contribuyan con un mayor porcentaje de su renta al sistema. No obstante, sumados todos los factores, hay quien puede encontrar desequilibrios. Recientemente, el Instituto BBVA ha llamado la atención precisamente sobre el hecho de que desde 2024 y hasta 2050 la base de cotización máxima se actualice anualmente con el IPC más un 1,2% adicional. Confirmado, por tanto, un IPC del 2,8% para el año pasado, la base máxima de cotización se revalorizará por ejemplo en 2025 un 4%. Esta queda situada por tanto este año en 4.909,32 euros mensuales (58.911,84 euros anuales), frente a los 4.720,5 euros mensuales de 2024 (56.646 euros anuales) de 2024.
La principal consecuencia, explican desde el Instituto BBVA, es que los trabajadores por cuenta ajena con salarios por encima de la base máxima y sus empleadores, así como los autónomos de los tramos 11 y 12 de la tabla general que hayan optado por la base máxima, cotizarán más. Está previsto además que esto ocurra año tras año, lo que quiere decir que, sin tener en cuenta el IPC, la base máxima de cotización subirá un 31,2% hasta 2050, mientras que, a través del mecanismo especial de subida, las pensiones máximas solo subirán un 2,875%.
