Regresa la actividad a la Carrera de San Jerónimo en un nuevo periodo de sesiones que se abrirá con un Pleno relativamente tranquilo. No se esperan sobresaltos estes miércoles, cuando sus señorías debatan la convalidación del real decreto del escudo social, que cuenta con las modificaciones pactadas por Gobierno y Junts per Catalunya el pasado martes en el minuto 93. Los independentistas, junto con el Partido Popular, exigieron al Ejecutivo que troceara el decreto ómnibus que ambas fuerzas, con la colaboración externa de Vox, tumbaron el 22 de enero. Moncoa accedió a dejar fuera del texto iniciativas de calado fiscal, mientras que mantuvo vivas todas aquellas destinadas a la mejoría del Estado del Bienestar, incluyendo también el palacete del PNV que Génova utilizó como excusa para vetar el articulado original.
El pasado martes, Moncloa se convirtió en sede improvisada de una negociación para salvar el decreto social. Desde la misma semana en la que el Congreso vetó la convalidación del ómnibus -también el del gravamen energético-, el equipo de fontanería del Gobierno se arremangó para tapar la fuga de los siete de votos de Carles Puigdemont en Madrid. Las conversaciones, que se extendieron hasta prácticamente la hora de la convocatoria de un Consejo de Ministros que se vieron obligados a retrasar, llegaron a buen puerto. El ala socialista de la coalición aceptaba la tramitación de la proposición no de ley (PNL) de la cuestión de confianza de Sánchez, con una nueva redacción, y extraer del decreto ómnibus todas aquellas iniciativas de tinte fiscal.
Pero aún quedaba un escollo más en la negociación: el escudo antidesahucios. O “inquiocupación”, como se refieren a él las derechas. Era la línea roja de ambas partes; unos por defecto, y otros por exceso. Todo lo demás que había sobre la mesa, gustaba a los equipos, pero había que encontrar el encaje para contentar a los juntaires sin espantar a los grupos progresistas. Ahí emergió, previo consenso con el Ministerio de Vivienda, un sistema de avales para la protección de los propietarios de las viviendas que alquilen a personas vulnerables o menores de 35 años. Una medida que, por cierto, ya sugirió el presidente del Gobierno en la primera mitad del mes de enero, aunque carecía de un pilar sólido legal. Hallado el camino, sólo faltaba anunciar un acuerdo que, además, desnudaría la estrategia del Partido Popular, inmerso en el “troceo” de cada iniciativa social.
Un apoyo inocuo y tardío
El acuerdo pilló a los populares con el pie cambiado. En Génova ya se frotaban las manos ante lo que auguraban como otra derrota del Gobierno, que se vería abocado a utilizar el comodín de los 132 diputados conservadores para sacar a su gusto un nuevo decreto que desbloquease la revalorización de las pensiones o la bonificación al transporte. Medidas a las que el principal partido de la oposición supeditó a un segundo plano ante la afrenta que suponía devolver al Partido Nacionalista Vasco (PNV) un edificio que las fuerzas de ocupación nazis le expropiaron durante la II Guerra Mundial, antes de que el régimen franquista hiciera lo propio.
La justificación de los conservadores al decreto social, palacete al margen, rimaba en consonante con la expresada por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, desde la tribuna en el Congreso. Lamentaban que el texto concentrara un batiburrillo de iniciativas que en su mayoría no tenían que ver unas con otras. Hasta 80 medidas, contó entonces la dirigente neoconvergente. Por ello, el Partido Popular exigió al Gobierno dividir el pack legislativo en unidades, aduciendo que su grupo votaría sin dudar a favor de la revalorización de las pensiones o los otros pilares sociales bajo el paraguas del ómnibus.
Entre tanto, desde Moncloa salpicaban la sede de Génova con críticas al veto en el Congreso, responsabilizando a los de Alberto Núñez Feijóo del bloqueo a la subida de las pensiones y del alza de los precios de los abonos del transporte público. Un golpe al bolsillo de los ciudadanos por el rechazo a un palacete, ironizaban voces socialistas tras la votación.
El acuerdo con Junts dejaba a los populares entre la espada y la pared. Una respuesta negativa a un decreto puramente social, con escudo antidesahucios, restaría credibilidad al argumentario de Génova; por no hablar de la sangría que provocaría entre los votantes pensionistas del partido. Por ello, pocas horas después de que Sánchez desgranara el pacto con los juntaires, el PP anunció que votaría a favor en la sesión de este miércoles. Un voto que, con la sucesión de los acontecimientos, resulta cosmético y sigue siendo una baza que jugar en la manga del Gobierno.
De pensiones a desahucios
Así las cosas, el decreto mantendrá todas aquellas medidas que el Partido Popular aseguró que respaldaría. Prevé una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC, además del incremento de las mínimas (6%) y las no contributivas y el ingreso mínimo vital (9%). Se extenderá, tal y como figura en el articulado, hasta el mes de julio las bonificaciones del 50% al transporte público, así como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes.
Prevalecen las ayudas para los afectados por la catástrofe de la DANA de Valencia, con una inyección en materia de reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo, se incluirán subvenciones directas y préstamos con intereses por debajo de lo que estipula el mercado. Medidas que caducarán a finales de este curso, como la prohibición de los desahucios a familias más vulnerables y la prórroga de la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua o gas- a los hogares en riesgo de vulnerabilidad.
La nueva normativa prevé retoques en la gestión de la función pública, así como medidas para agilizar la contratación de funcionarios, implementar las evaluaciones de su desempeño o divulgar la modernización de la Administración. Bajo el paraguas social también se cobijarán modificaciones a la reguladora del trabajo entre administraciones públicas, así como otros incentivos fiscales en materia de cultura o medidas tributarias para estimular la eficiencia energética del parque de vivienda.
