Una cosa es consecuencia de la otra. El aumento de la contratación indefinida propiciado por la reforma laboral ha supuesto también un incremento más que considerable de los despidos, como consecuencia del menor porcentaje de trabajadores temporales con los que ahora cuentan las empresas para realizar ajustes.
Así lo revelan las propias estadísticas del Ministerio de Economía y Trabajo Social, que señalan que solo en los dos primeros años de aplicación de la nueva normativa la cifra de ceses de trabajadores aumentó más de un 48% en la provincia. Así, frente a los 17.441 despidos contabilizados en Alicante en 2021, la cifra aumentó rápidamente hasta los 21.888 al año siguiente -el primero en que empezó a aplicarse la reforma-, para alcanzar los 25.902 en 2023, el último ejercicio del que hay datos desglosados por provincias.
La explicación de este incremento hay que buscarla en el hecho de que, a partir de la reforma el indefinido pasara a convertirse en el contrato por defecto y se limitar el uso de los temporales. La consecuencia es que, si anteriormente a las empresas que querían ajustar plantilla les bastaba con dejar que se extinguieran los contratos precarios, ahora no tienen más alternativa que tramitar un despido ante la administración.
Menos tiempo en plantilla
De esta forma, una de las consecuencias es que los profesionales que son despedidos en estos momentos suelen llevar menos tiempo en sus empresas que los que corrían esa misma suerte anteriormente. De acuerdo con los datos del ministerio, sólo el 27% de quienes perdieron su empleo en 2023 en todo el país llevaban más de dos años en plantilla, cuando en 2021 ese porcentaje alcanzaba el 43%. Por el contrario, los que se van a la calle antes de los seis meses han pasado de representar el 22% de los despedidos a un 31%.
Como consecuencia de lo anterior y también del aumento del trabajo a tiempo parcial, otra consecuencia es que las indemnizaciones medias que reciben estos trabajadores se han reducido considerablemente. En el caso de la Comunidad Valenciana, la cifra ha caído de 8.168 euros que percibían quienes perdieron su trabajo en 2021, a los 5.564 euros del último año con datos.
La sede de los juzgados de lo Social de Alicante. / Pilar Cortés
Al respecto, cabe destacar que estas indemnizaciones, lógicamente, también reflejan las diferencias salariales que se producen entre las distintas autonomías españolas. Las más elevadas se dan en el País Vasco y Madrid, con 12.538 y 11.054 euros, respectivamente, debido a que también es donde se registran los salarios más elevados, mientras que las más bajas se contabilizan en Extremadura, con 2.424 euros de media; seguida por Andalucía, con 3.494 euros; y Castilla-La Mancha, con 3.672 euros.
Sectores
Lo mismo ocurre cuando se analiza por sectores, donde las diferencias son aún mayores. De esta forma, los empleados de banca y seguros son los que más dinero se embolsan cuando son despedidos, una media de 26.478 euros; seguidos por quienes trabajan en la minería, con 16.816 euros; y las empresas energéticas, con 15.022 euros.
En el opuestos extremo se encuentran los trabajadores de la hostelería, que solo reciben 2.4.39 euros, o los de la agricultura, que deben conformarse con 2.651 euros.
Para el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, José Crespo, este aumento de los despidos es uno de los efectos indeseados de una reforma que, por lo general, considera que ha funcionado correctamente para cumplir su objetivo, reducir la precariedad. Sin embargo, Crespo considera que habría que analizar si el cambio normativo ya ha llegado a su «pico máximo de eficacia», por lo que convendría revisar algunos de sus aspectos.
Por otro lado, el presidente de los graduados sociales alicantinos también llama la atención sobre otro de los aspectos negativos de la reforma, como es la saturación que sufren los juzgados de lo Social, ya que el aumento de la cifra de despidos ha provocado también un aumento del número de trabajadores que los recurre. Así, los plazos para las vistas se demoran durante más de un año o, incluso, dos, si se trata de reclamaciones de cantidad.
Por su parte, la secretaria general de UGT en l’Alacantí-la Marina, Yolanda Díaz, recuerda que precisamente su sindicato llevó ante el Consejo de Europa la actual regulación de los despidos, que le dio la razón y consideró que las actuales indemnizaciones de los despidos improcedentes son insuficientes. A su juicio, un aumento de estos pagos frenaría a las empresas a la hora de despedir a sus empleados. Además, también reclama que se recupere el pago de los salarios de tramitación, es decir, los que corresponden al periodo desde que el trabajador es despedido hasta que sale la sentencia si este presenta reclamación.
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