España cuenta con un fondo milmillonario que se utilizará para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares según vayan cerrando y para construir los almacenes donde se guardarán todos los residuos radiactivos (siete instalaciones donde estarán los desechos durante unas décadas y otro gran cementerio donde se acumularán para siempre). Una ‘hucha’ que ha ido llenándose durante años con las tasas que pagan las propias centrales nucleares y también con los ingresos extra que se consiguen con las inversiones financieras realizadas con el propio dinero acumulado.
El llenado de la ‘hucha’ se ha acelerado en los últimos años tanto por las dos subidas de las tasas aplicadas por el Gobierno en 2019 y en 2024 y también por los cada vez mayores ingresos financieros por la rentabilidad de las inversiones en deuda pública y deuda corporativa. El importe del que dispone el fondo se ha disparado hasta niveles récord y alcanza ya los 8.707 millones al cierre del año pasado, según los datos provisionales de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), la sociedad pública encargada de gestionar el fondo milmillonario, y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Alcanzar esos más de 8.700 millones de existencias disponibles supone una incremento de casi del 9% en un año (con una inyección extra de más de 700 millones en el último año), y también un fuerte empujón de más del 50% desde 2018 (con más de 3.100 millones adicionales en los seis años desde la llegada del presidente Pedro Sánchez a Moncloa), con aumentos anuales cada vez mayores, según demuestran los registros de Enresa.
Cada una de las centrales nucleares hacen una aportación al fondo en función de la electricidad que producen cada año hasta que se produzcan los cierres de las plantas, programados para que vayan produciéndose de manera progresiva entre 2027 y 2035, así que queda aún una década para el apagón nuclear total (aunque en los últimos meses se han avivado las presiones para aplazar las clausuras desde los partidos políticos de derechas -con PP y Vox, a la cabeza, y esperando sumar a Junts-, desde sectores empresariales y desde parte de la sociedad civil de las zonas en que están ubicadas las centrales).
El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el año pasado fuerte subida del 30% de la tasa que pagan las nucleares para ajustar los ingresos previstos a los gastos recogidos en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y que se sumaba a la subida aplicada de casi el 20% aplicada desde 2019. El nuevo PGRR contempla la construcción de siete almacenes temporales para guardar los desechos nucleares durante unas décadas y un enorme cementerio nuclear definitivo para depositar los residuos para siempre.
La factura prevista por Enresa para todas las actuaciones que quedan por hacer durante todo este siglo alcanza los 20.200 millones de euros, más del doble que la cuantía que ahora guarda el fondo y que tendrá que seguir incrementándose con las aportaciones de las eléctricas durante la próxima década y posteriormente mediante la rentabilidad de las inversiones financieras que continuarán a largo plazo.
Exprimir la rentabilidad financiera
El grueso del dinero acumulado en esa hucha no tendrá que gastarse hasta la clausura de las centrales nucleares y hasta la futura construcción de todos esos almacenes para guardar la basura nuclear (aunque ya se asumen gastos de almacenes ya en marcha o por los desmantelamientos de las antiguas centrales de Zorita y de Garoña). Hasta entonces, el Estado español va invirtiendo gran parte de las cantidades acumuladas para conseguir rentabilidades que engorden el denominado Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
Enresa cuenta con una cartera de inversiones financieras valoradas en 7.975 millones al cierre de 2024, un 8% más en un año y casi el doble que en 2018, según los datos provisionales que maneja al grupo y a los que ha tenido acceso este diario. Los objetivos que se ha marcado el grupo público es que el valor de esas inversiones se incremente de media entre 450 y 500 millones de euros cada año (aunque el año pasado el aumento fue de casi 600 millones y en 2023 fue de casi 800 millones extra).
La compañía pública ha contratado a la consultora financiera AFI en busca de ayuda especializada para poder invertir en unos mercados cada vez más complejos y para ejecutar operaciones cada vez más sofisticadas si se quiere obtener rentabilidad suficiente. Durante años Enresa ha seguido un modelo conservador de la gestión de sus inversiones financieras y con una evidente aversión al riesgo, destinando los fondos mayoritariamente (en torno a un 90% del total actualmente) a renta fija pública a través de deuda del Tesoro y también a deuda corporativa de grandes compañías europeas y españolas, con una importante concentración de activos a tipo fijo y referenciados a la inflación española y europea
La pretensión de Enresa ahora es ejecutar inversiones en productos más sofistificados en busca de rentabilidades más atractivas. Enresa puso en marcha ya en 2021 un plan de diversificación de sus inversiones que ha supuesto su entrada también en los mercados de renta variable internacional, en el inmobiliario y también en fondos de infraestructuras.
La batalla por el cierre
Desde diferentes ámbitos empresariales, políticos y ahora también desde una parte de la sociedad civil se ha activado la batalla para intentar retrasar los cierres de todas las centrales nucleares españolas. PP y Vox empiezan a abrir el frente político, con el objetivo de sumar a Junts, y diferentes patronales y plataformas sociales aúnan fuerzas para posponer el apagón nuclear total. El Gobierno de Pedro Sánchez respalda la clausura escalonada prevista de todos los reactores, pero se sacude la creciente presión pronuclear y sitúa la decisión última de echar el cierre en las propias eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) por razones económicas.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Desde el Gobierno se argumenta de manera insistente que la clausura de las centrales no es una decisión suya y que se trata del calendario pactado por las propias compañías, también entre unas eléctricas y otras cuando en 2019 nhabía posturas muy diferentes sobre la continuidad
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se esgrime que las eléctricas no han solicitado modificar ese calendario de cierres desde su aprobación y que no lo hacen por razones económicas, porque les resulta más rentable seguir creciendo en renovables que ejecutar las grandes inversiones que requeriría prolongar la vida de los siete reactores ahora operativos en España. Sin embargo, tanto Iberdrola como Endesa están mostrando cada vez más claramente en público una posición defensa de prolongación de las nucleares como vía para asegurar el consumo intensivo de electricidad de grandes proyectos industriales (como los centros de datos) y hacerlo con una tecnología energética como la nuclear sin emisiones de efecto invernadero.
Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, y que sería lo responsable con la transición ecológica al no emitir CO2. Con las fechas de cierre pactadas, las centrales españolas funcionarán una media de 46 años desde su puesta en funcionamiento, mientras que en otros países instalaciones similares ya está previsto que estén operando 60 e incluso 80 años.
La patronal de las nucleares defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones. Hay razones económicas, pero las eléctricas ponen el foco en unas motivaciones económicas diferentes a las que apunta el Gobierno. Foro Nuclear advierte a los partidos políticos que defienden prolongar el funcionamiento de las centrales que es imprescindible una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan. Entre tasas y tributos, la electricidad producida por las centrales nucleares pagan más de 28 euros por MWh. En total, más de 1.500 millones de euros cada año. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado una gran subida del 30% de la tasa que pagan las centrales nucleares para pagar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas.
La batalla por retrasar los cierres está teniendo en la central de Almaraz, en Cáceres, como primera punta de lanza. El calendario oficial establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028, pero un eventual aplazamiento de la clausura hay que adoptarlo de manera inminente para que los propietarios tomen decisiones sobre compra de combustible nuclear y personal para mantener la planta en funcionamiento.
