Con el fin de acercar la Justicia más a los ciudadanos, los más de 120 juzgados de paz existentes en la provincia de Alicante van a tener que sufrir una radical transformación con motivo de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial. Si los juzgados tradicionales desaparecen para agruparse en tribunales de instancia, algo parecido va a ocurrir con los juzgados de paz que a partir de ahora pasarán a denominarse Oficinas de Justicia y que van a dejar de tener ese papel desconocido y casi residual que hasta ahora tenían, incrementando sus funciones de manera que se van a convertir en estrechos colaboradores de la Administración de Justicia.
No solo mantienen el Registro Civil, una de sus funciones más utilizadas, sino que hay otras funciones como servir como sede para que se pueda declarar por videoconferencia y otros trámites procesales; incorporar labores de mediación y asesoramiento jurídico; e incluso asumir los juicios por delitos leves, una competencia que habían perdido en el año 2015 y que ahora vuelven a recuperar, por lo que en algunas poblaciones va a ser necesario dar formación a sus responsables. Otra de sus funciones será la notificación de resoluciones, evitando así que desde los servicios comunes de los tribunales de Instancia se tenga que desplazar el personal.
«Gracias a esta reforma, los juzgados de Paz van a evitar muchos desplazamientos de los vecinos de esos municipios a los juzgados de la cabecera de su partido judicial. Podrán hacer muchos de estos trámites sin salir de allí», señaló el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, que avanzó que el ritmo de trabajo en esas oficinas iba a ser mucho mayor dadas las nuevas funciones que les atribuye la ley. Antes de esta reforma legal, el anterior Botànic en tiempos de Gabriela Bravo en la Conselleria de Justicia se inició un plan para intentar transformar estas dependencias en herramientas para aplicar la Justicia de proximidad. El plan, que buscaba la colaboración de los ayuntamientos, no llegó a completarse, pero ha ayudado a que a algunas de estas poblaciones la reforma no les llegue de nuevas.
Todavía está pendiente de aprobar el reglamento por el que se regularán los plazos de entrada en vigor de la nueva Ley, pero sobre el papel alguna de las medidas que están sobre la mesa tendrían que entrar en vigor tres meses después de su aprobación. Entre ellas la transformación de los juzgados de Paz. Dado el estado en el que se encuentran una buena parte de los órganos con los que cuenta la provincia, se da por hecho que será un de los puntos donde puede haber una moratoria.
De los 126 juzgados de paz que tiene la provincia, permanecerían en aquellos municipios cuya población sea superior a los 7.000 habitantes y donde habrá personal funcionario de la Administración de Justicia. Para poblaciones, con un censo inferior, habrá que recurrir a otras fórmulas como la agrupación de funcionarios que vayan rotando entre municipios. El delegado sindical de Justicia de UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín, que ha estado destinado en juzgados de Paz alertó de que el plan debería ir acompañado de una fuerte inversión en medios y parece que se quiere introducir a coste cero. Además uno de los mayores riesgos es que el grueso de las inversiones se centre en las grandes ciudades, dejando relegadas las actuaciones necesarias en otros municipios más pequeños. Para Pelegrín algunos de los juzgados en poblaciones de 7.000 habitantes tendrán que reagruparse.
La Generalitat o, si procede, dl Ministerio de Justicia podrán establecer agrupaciones de Oficinas de Justicia de municipios limítrofes de un mismo partido judicial para prestar sus servicios, según establece la nueva ley. En tales casos se determinará el municipio cabecera de la agrupación.
El reparto de juzgados de Paz por partidos judiciales es el siguiente: Alicante (2); Alcoy (28); Benidorm (3); Dénia (32); Elda (1); Elche (2); Ibi (3); Novelda (9); Orihuela (18); San Vicente (5); Torrevieja (4); La Vila Joiosa (13) y Villena (6). El mapa revela cómo en las zonas donde hay grandes poblaciones el número de juzgados es mucho más bajas, siendo más elevado en las zonas donde abundan los pequeños municipios.
El caso de Sant Joan
El juzgado de paz de Sant Joan d’Alacant en la práctica es uno de los que se anticipó a la Ley de Eficiencia Judicial . «Muchas de las funciones que nos atribuyen, aquí hace tiempo que las venimos asumiendo», explica a este diario el secretario del juzgado Alejandro Vicedo. Tras una Relación de Puestos de Trabajo entre su personal llevado, ha podido entrar a formar parte de un plan piloto que le ha permitido empezar a prestar muchas de las nuevas atribuciones que van a tener. Sin embargo, también sufren la acuciante falta de medios que suele ser común en estas jurisdicciones. La oficina ha pasado de estar en la Casa de Cultura a la rehabilitada Finca Pedro José de esta población, donde comparte dependencias con el refugio de la Guerra Civil.
«Tenemos que pelearnos con dos administraciones diferentes para conseguir más medios», explica Vicedo para subrayar problemas que han ido desde conseguir que les arreglen el aire acondicionado a que les habiliten un puesto de trabajo adaptado para una de sus funcionarias. Mientras que los medios personales dependen de la Conselleria, desde el Ayuntamiento se obtienen los medios materiales. En ocasiones, se llegan a aprobar dotaciones de personal sin que se hayan puesto los medios para que trabajen. Unas miserias con las que siempre han tenido que lidiar desde estos departamentos, ya que si la falta de medios ha sido una constante en la Administración de Justicia, esto ha sido mucho más acusado en poblaciones donde los recursos son más limitados.
La actividad del juzgado de Paz es atípica porque es mucho más alta de lo que viene a ser habitual por las labores que se realizan para el Registro Civil, ya que en este término municipal es donde se encuentra el Hospital de Sant Joan, lo que les obliga a tramitar un elevado número de nacimientos y de defunciones. Cada día se registran una media de tres nacimientos al día; y cinco defunciones. Desde febrero del año pasado, la oficina dispone de la aplicación informática que le conecta con el Registro Civil. Una labor que ha sido ardua, ya que son muchos más los trámites que ahora deben realizarse, lo que ralentiza la marcha del juzgado.
Imagen del archivo en el juzgado de paz de Sant Joan d’Alacant. / Hector Fuentes
Entre las once de la mañana y las trece horas, son los momentos en los que las oficinas registran la mayor afluencia de personas.
El pasado mes de septiembre se instalaron los equipos de videoconferencia, lo que implica que los vecinos de Sant Joan puedan comparecer desde estas instalaciones cuando tengan alguna citación judicial. Algo que les va a evitar desplazamientos a la capital. Una medida que se aspira a poner en marcha en cada una de las poblaciones de la provincia que cuenten con Oficinas Judiciales.
En lo que se refiere a la mediación y la conciliación se realizaron una media de entre 15 y 20 actos. Uno de los mayores temores que había antes de que se aprobara la reforma era la supresión de los jueces de paz, una medida que finalmente no se ha llevado a cabo y que se van a mantener dentro de la nueva estructura judicial.
Objetivos
La filosofía que ha inspirado este programa es que el servicio público esté presente en cada pueblo de la Comunidad. Del mismo modo que cada ciudadano tiene derecho a un centro de salud con los servicios públicos, se traslada lo mismo al ámbito judicial, para que independientemente de dónde se resida y por muy alejado que se esté, la ciudadanía cuente con los servicios de la Administración de Justicia. El objetivo es que el lugar de residencia nunca sea un factor de desigualdad. La orientación jurídica también ha sido un papel que han empezado a asumir estos años.
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