El tiempo corre en contra de Carlos Mazón. El presidente de la Comunidad Valenciana fue requerido este jueves por la jueza que investiga la actuación de la DANA, con un plazo máximo de cinco días, que indicase quién fue la persona que decidió emitir el mensaje de alerta a la población el pasado 29 de octubre. Por otra parte, la magistrada también pidió a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) datos detallados sobre el caudal del barranco del Poyo en el tramo horario entre las 16:13 y las 18:42 horas de ese día, así como detalles sobre cómo fueron comunicados estos registros. De acuerdo con un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja impuso el jueves un plazo inamovible de cinco días, que ya son cuatro, para que la Generalitat identifique al funcionario responsable de la orden y también al técnico que la ejecutó. El objetivo no es otro que ir esclareciendo los protocolos de actuación del Gobierno valenciano en el día de la catástrofe medioambiental de octubre, sobre los que todavía existen muchas zonas grises.
El SMS de emergencia para avisar de la peligrosidad de los desplazamientos debido al aumento del nivel del agua se difundió a los dispositivos móviles a las 20:11 horas, momento en el que muchas de las víctimas se encontraban en los pisos inferiores de sus viviendas cuando ocurrió la tragedia, mientras que otras transitaban por la vía pública o intentaban mover sus vehículos de los garajes cuando recibieron el aviso, siendo ya demasiado tarde para escapar del temporal. Para complementar la investigación, la magistrada ha solicitado a diversos medios de comunicación grabaciones relacionadas con la crecida de la rambla del Poyo y las intervenciones públicas de autoridades y responsables de Emergencias sobre la gestión del sistema Es-Alert y la evolución de la situación meteorológica durante la tarde del 29 de octubre de 2024 y en los días previos.
La resolución judicial expone, haciéndose eco de los testimonios de familiares y afectados, que muchas de las víctimas desconocían la gravedad del peligro al que se enfrentaban debido al desbordamiento de la Rambla del Poyo y el Barranco de l’Horteta. Por ello, la magistrada considera crucial dilucidar si se llevaron a cabo mediciones precisas del caudal y si los responsables de Emergencias podrían haber evaluado visualmente la magnitud del desastre con mayor antelación, mandando los avisos antes.
Además, el texto judicial explica que hay un vacío en las comunicaciones de la CHJ entre las 16:13 y las 18:42 horas sobre el caudal de la Rambla del Poyo. Sin embargo, la Confederación informó en una nota de prensa del 4 de febrero que su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) operaba correctamente y generaba datos actualizados cada cinco minutos.
«Buscan ocultar la verdad»
Desde la oposición han afeado fuertemente la actuación de la Generalitat al frente de la crisis medioambiental. El síndic José Muñoz (PSOE) ha señalado que el Partido Popular y Carlos Mazón «están buscando el camino de la ocultación de la verdad», y ha indicado que «la verdad siempre florece». «Lo hemos visto tradicionalmente y especialmente aquí en la Comunitat valenciana con el accidente de metro», ha recordado.
«La ocultación que intenta Carlos Mazón nos dice dos cosas, la primera, que quiere eximirse de cualquier tipo de responsabilidad, y la segunda que sabe que actuaron mal. El cerco se va estrechando», ha indicado el síndic socialista, recordando también que «si la alerta hubiera llegado cuando tendría que haber llegado, se hubieran salvado muchas vidas».
«El camino a veces puede ser lento pero acaba llegando», ha destacado Muñoz que ha señalado que “la única verdad nos conduce hacia la responsabilidad evidente de Carlos Mazón como la persona que no estuvo a la altura de las circunstancias, que hizo dejación de funciones, y que sobre sus espaldas pesan la vida de centenares de valencianos y valencianas que, si Carlos Mazón no hubiera estado en el Ventorro de sobremesa, probablemente estarían ahora con nosotros”, ha asegurado Muñoz.
«Claro que la ciudadanía no apreció el riesgo que tenía, porque Carlos Mazón fue el primero que le quitó responsabilidad e importancia a esta cuestión, es más, se fue a comer con total tranquilidad», ha afeado el diputado valenciano, recordando la comida del dirigente en El Ventorro.
«Altísimo riesgo»
A su vez, la jueza ha constatado el «desconocimiento» por parte de la administración autonómica y que supuso un «altísimo riesgo» para las víctimas.
La jueza se focaliza en dos aspectos: por un lado, el perfil a grandes rasgos de los fallecidos; en el segundo caso, la tardanza de las alertas a los móviles de los ciudadanos y cómo se gestionaron los primeros momentos de aviso por parte de los responsables en emergencias. En el primer caso se constata, como se ha expuesto en líneas anteriores, que la mayoría de las personas que perdieron la vida en las fuertes riadas fueron valencianos mayores de 65 años que vivían en casa de planta baja o personas que estaban en la calle o tratando de sacar sus coches de los garajes.
No obstante, las principales indagaciones judiciales se remiten al sistema de alertas del 29 de octubre. «El mensaje remitido a las 20:11 horas instaba a que se evitaran desplazamientos. Parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios», reza parte del auto remitido a la Fiscalía, unas palabras que constatan que sólo se requería a la población que no saliera de casa, pero no que se refugiaran en plantas más altas para evitar la fuerte corriente del agua.
Apoyándose en los primeros testimonios de los testigos, la magistrada señala en la resolución judicial que percibe «conveniente analizar no sólo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo o no (…) sino, igualmente, si la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal».
Así las cosas, Mazón y la Generalitat tienen cuatro días para terminar de depurar responsabilidades, en un plazo inamovible que pretende poner fin a una huida hacia delante que ya se prolonga durante casi cuatro meses.
