Dos mujeres y un hombre consiguen evitar su entrada en prisión pese a haberse dedicado al tráfico de drogas en varias localidades de la Plana Baixa. Tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia Provincial de Castellón les ha impuesto 20 meses de prisión a cada uno de ellos y una multa de 2.500 euros por unos hechos que datan del 2012. Según el documento judicial, los procesados (sin antecedentes penales previos) se dedicaban de forma habitual a la distribución de sustancias estupefacientes (concretamente, cocaína y marihuana) en diversas localidades de la provincia de Castellón. Su actividad se centraba en Moncofa, Nules, Xilxes y la Vall d’Uixó.
Para llevar a cabo las ventas de estas sustancias, los condenados bien recibían a los compradores en su casa, bien acudían a un punto de encuentro antes convenido.
En diciembre del 2012, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Nules autorizó la entrada y registro en el domicilio de Moncofa de una de las acusadas y su pareja. Allí los investigadores de la Guardia Civil encontraron nueve bolsitas de cocaína que contenían 33 gramos, dos bolsas con 15 de marihuana, además de 2.560 euros en efectivo, procedentes de la venta de drogas, así como una báscula de precisión, recortes de plástico, rollos de alambre y libretas con anotaciones manuscritas de nombres y cantidades.
Un día después, se autorizó el registro de la vivienda de la otra traficante implicada, una vecina de la Vall d’Uixó. En dicho domicilio, los investigadores se incautaron de: tres envoltorios con 17 gramos de cocaína, 50 gramos de cannabis, una báscula de precisión, recortes de plástico, alambres y libretas con anotaciones.
La sustancia total intervenida en los dos registros estaba destinada a su venta a terceros y tenía un valor de 5.270 euros, según consta en la sentencia.
Las actuaciones han sufrido un importante retraso en su tramitación, no justificado por la actitud de los procesados ni por la complejidad de la causa. Según señala el documento, han transcurrido incluso dos años entre una diligencia judicial y otra, sin que se hayan producido avances.
Acuerdo de conformidad
La condena impuesta es fruto de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y los abogados defensores de los acusados, habiendo reconocido estos últimos sus actividades delictivas. Al tratarse de una pena inferior a los dos años de prisión y carecer los condenados de antecedentes, puede solicitarse la suspensión de la pena para que no entren en la cárcel, con la condición de que no vuelvan a delinquir en un plazo concreto.
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