La investigación sobre las filtraciones en el examen de oposición de RTVE continúa su curso. El juez ha citado como testigos a tres trabajadores de la corporación pública, que tendrán que declarar el próximo 19 de marzo en el juzgado 48 de Madrid donde se instruye la causa que ya tiene imputados a dos trabajadores vinculados al sindicato UGT por lo ocurrido el pasado 29 de septiembre. Ese día estaba convocada la prueba a la que se presentaban más de 5.000 aspirantes, pero RTVE la terminó suspendiendo in extremis, minutos antes de que empezara, después de que un miembro del tribunal alertara sobre la filtración de las preguntas y la falta de limpieza del proceso.
La primera de las tres personas citadas a declarar es precisamente este miembro del tribunal, Cristina Ónega, la directora del Canal 24 horas que ha sido ratificada en el cargo por el nuevo presidente, José Pablo López. Esta periodista fue la primera que pidió la suspensión del examen tras recibir un email alertando sobre las filtraciones y el documento de las preguntas. Ónega puso esta información en conocimiento del tribunal del examen e interpuso la denuncia inicial ante la Policía Nacional, aportando la documentación recibida sobre el examen filtrado. Los otros dos trabajadores de RTVE citados a declarar son redactores rasos, no forman parte de la dirección, y podrían ser quienes dieron la primera voz de alarma al tribunal sobre las irregularidades en el proceso público.
El objetivo de esta fase de diligencias es esclarecer lo ocurrido e investigar la existencia de más posibles implicados después de la imputación de dos trabajadores vinculados a UGT por presunto delito de revelación de secretos, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Uno de los investigados, Julián Pérez Olmos, era miembro del tribunal del examen que había sido designado por UGT, y más tarde se descubrió que fue el autor del documento que filtrado y desvelado por este medio. El segundo, César Moreno, tenía cargo en el sindicato y era el secretario de Organización de la federación madrileña, la más importante. Este trabajador ya fue detenido y puesto en libertad en octubre, por haber filtrado las preguntas del examen, sin perjuicio de que pueda ampliarse el número de investigados en la causa.
A día de hoy todos los focos siguen puestos en UGT. El sindicato mayoritario de RTVE que fue señalado desde el primer momento a nivel interno, con voces que apuntaban a una «red clientelar» por la que lograban el apoyo de trabajadores no fijos en las elecciones sindicales a cambio del compromiso de favorecerles en la obtención de una plaza pública. El juez investiga ahora si hay más implicados por parte de esta organización sindical.
Con este objetivo la Policía incautó hace dos semanas material informático y dispositivos electrónicos de la sede de RTVE en Prado del Rey. Este material ayudará a rastrear el recorrido que hizo el documento filtrado para esclarecer a quién llegó e identificar a más posibles filtradores. Una vez que termine la fase de diligencias, el juez instructor, Juan Ramón Reig Puron, deberá decidir si continúa con el proceso judicial o si procede al sobreseimiento de la causa, aunque con los indicios hasta ahora existentes todo apunta a que la causa continuará su curso a la siguiente fase, previa a la apertura de juicio oral.
Hace dos semanas el nuevo presidente de RTVE decidió dar pasos para esclarecer el episodio de las filtraciones y solicitó personarse como acusación particular a través de la Abogacía del Estado. Un paso que estuvo acompañado de la apertura de un segundo expediente interno al imputado de UGT, y los ceses del exdirector de Recursos Humanos, Jorge San José, y su superior directa, la directora Corporativa Marta Torralbo, que estaban señalados internamente por su gestión sobre las filtraciones.
Este impulso a la causa contrasta con la dirección que tomó la corporación cuando estaba a los mandos de Concepción Cascajosa, expresidenta interina y vinculada a UGT. En su mandato, RTVE sólo dio pasos a raíz de informaciones periodísticas: sólo hizo públicas las preguntas del examen tras publicar este medio el documento filtrado y sólo abrió un expediente interno al miembro del tribunal ahora imputado cuando se desveló que era el autor de dicho documento. No hizo lo propio con el dirigente de UGT-RTVE Madrid también investigado por el juez.
