Casi 80 Estados miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI), España entre ellos, han declarado este viernes su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta medida es concebida como una represalia por la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la presunta comisión de crímenes de guerra en Gaza.
Trump firmó el pasado jueves una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI por imponer «sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto, incluyendo a Israel», a través de «órdenes de arresto infundadas» contra Netanyahu y Gallant.
En respuesta, 74 de los 125 estados firmantes del Estatuto de Roma, el cimiento legal del TPI, se han sumado a la iniciativa impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leone y Vanuatu, también firmantes del texto, donde reafirman su «continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad del TPI», al que consideran «un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas».
La orden de Trump representa un «desafío sin precedentes» para el funcionamiento del tribunal, pero también incrementa «el riesgo de impunidad» entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento «crucial para promover el orden y la seguridad mundiales».
Asimismo, los países advierten de que «las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios del TPI», y cualquier cierre de las oficinas del tribunal como consecuencia de esta «socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso».
El poder del Tribunal Penal Internacional
El TPI tiene muchos problemas en términos de la aplicación de sus sentencias. Pese a ser oficialmente vinculante, el Tribunal no tiene un brazo militar para perseguir y obligar al cumplimiento de sus sentencias. Puede fomentar el aislamiento económico, las sanciones o la persecución de las personas sentenciadas por parte de países miembros, pero esto sería por voluntad propia de los Estados. Aun así, sí tiene la capacidad de juzgar a aquellos que no han firmado el Estatuto de Roma, por lo que ha podido sentenciar a Netanyahu y Gallant pese a que Israel no haya firmante el acuerdo.
Sin embargo, el único órgano capaz de declarar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad es el TPI. La habilidad de nombrar algo oficialmente, contando con consenso internacional, evita que se caiga en la propaganda semántica. Las palabras y los mensajes pueden tener un profundo impacto sobre los conflictos y como se resuelven, por lo que esta capacidad del tribunal es clave en el orden mundial.
El orden de arresto y las sanciones de Trump
En noviembre del año pasad se emitió un orden de arresto para Netanyahu y Gallant por crímenes contra la humanidad por utilizar la hambruna como método de guerra además del “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” en la Franja de Gaza. El Tribunal Penal Internacional también ha juzgado a ambos por dirigir, de forma intencionada, un ataque hacia la población civil.
“La sala ha emitido un orden de arresto para dos individuos, el Sr Benjamín Netanyahu y el Sr Yoav Gallant, por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra cometidos entre el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024”, denuncia la sentencia. Un orden de arresto y una condena por crímenes contra la humanidad se emitió para líderes de Hamás, pero estos ya habían muerto en los ataques de Israel en Gaza.
Trump ha decidido emitir sanciones a los miembros del Tribunal por el orden de arresto de Netanyahu y Gallant, lo que hace temblar el orden mundial dado que el órgano internacional busca regular las relaciones entre Estados y mantener una paz relativa. Un ejemplo de esto es del presidente húngaro, Viktor Orbán, que ha interpretado las sanciones como una oportunidad para “revisar” su rol en la organización, según AP. “El TPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel” detalla la orden de Trump, algo incierto dado que tiene la capacidad de emitir ordenes que ataña a cualquier persona o país del mundo que traten de crímenes de guerra, contra la humanidad o de genocidio.
El abogado de personal con el Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión de las Libertades de los Civiles Americanos, Charlie Hogle, advierte de que “la orden también plantea serias preocupaciones en relación con la Primera Enmienda porque pone a las personas en los Estados Unidos en riesgo de recibir duras sanciones por ayudar a la corte a identificar e investigar atrocidades cometidas en cualquier lugar y por cualquier persona”, de acuerdo con AP. Según la orden ejecutiva, no solo se penalizará a los miembros del TPI con el bloque de la propiedad o la entrada en Estados Unidos sino a cualquier persona, nacional o no, que haya ayudado o cooperado de cualquier manera al Tribunal.
Como lo que ha sucedido con otras medidas radicales promulgadas por el presidente estadounidense, emanan de sus decisiones al final de su último término en 2020. Ese año, emitió una sanción dirigida al predecesor del actual fiscal general del TPI, Fatou Bensouda, pero fue disuelto por Joe Biden. Estados Unidos ha tenido una relación complicada con el TPI a lo largo de los años; fue uno de sus fundadores, pero no es uno de sus miembros. Sin embargo, Trump es el primer presidente estadounidense en sancionarlo.
