La redistribución de los niños y jóvenes migrantes no acompañados vuelve a desatar un enfrentamiento político. El anuncio del acuerdo sobre los criterios de reparto que Canarias y Estado acordaron el jueves para la derivación extraordinaria de 4.400 menores ha provocado nuevos recelos entre las comunidades autónomas y las formaciones políticas. En esta ocasión, la excusa que refiere el Partido Popular nacional para desmarcarse del acuerdo se basa en que Cataluña y País Vasco quedarían al margen del reparto. Un extremo que Canarias y Estado negaron ayer con rotundidad y que parte de una información adulterada difundida tras darse a conocer la fórmula que determinará el número de niños que recibirá cada región. «Quiero desmentir algo: no están fuera ni Cataluña ni el País Vasco. No se va a quedar fuera ninguna parte del territorio. Otra cosa es que se va a tener en cuenta el esfuerzo previo de acogida», afirmó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE).
Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicaron tras su reunión que para el reparto puntual sobre el que todavía se está negociando se aplicará la misma fórmula que las comunidades autónomas aprobaron por unanimidad en 2022, en el marco de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, y que tiene en cuenta factores como la población, la tasa de desempleo y el PIB per capita. En esta ocasión se tendría también en cuenta el número de menores atendidos previamente por el territorio y que actuaría como factor de corrección para evitar saturar las redes de acogida que ya están haciendo un trabajo más intenso.
Rego destacó ayer que hay territorios que han hecho un «esfuerzo previo» en la acogida de menores y detalló que Cataluña cuenta con más de 4.000 plazas frente a las 1.900 de Madrid. Así, hizo un llamamiento para que el resto de regiones hagan «el mismo esfuerzo». Además, insistió en la idea de que en el reparto «están incluidas todas las comunidades autónomas. Ninguna queda fuera».
El ruido generado por la noticia incorrecta –replicada por Vox en sus redes sociales– ha creado una cadena de reacciones entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja, que se han posicionado en contra de la falsa exclusión de Cataluña y País Vasco. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), precisamente reunido ayer con Clavijo, reiteró su apuesta por un pacto de Estado migratorio y dio por hecho que Cataluña y el País Vasco participarán del reparto. «Estoy convencido de que Salvador Illa no va a negarse, ni el lehendakari vasco [Imanol Pradales]. Ahora, si en vez de negociar con la Generalitat de Cataluña negocian con Puigdemont… pues es como negociar con Trump, la extrema derecha con tintes xenófobos, como comprenderá. Es verdaderamente radiactivo», afirmó.
Clavijo ha expresado en varias ocasiones que Junts no ha cerrado la puerta a dar su apoyo al reparto extraordinario sobre el que está trabajando desde diciembre con el Gobierno de España. Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ayer recordó que su formación está negociando el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración, con lo que «Cataluña no puede formar parte del café para todos».
En Génova se empeñan en defender el bastión del ‘no’ ante todos los pasos que se dan para tratar de descongestionar la red de acogida del Archipiélago. Por contra, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las Islas, Manuel Domínguez, insiste en que su formación «está de acuerdo» con el reparto. En una entrevista en el Espejo Canario, ante la pregunta de si teme que este posicionamiento le pueda generar problemas con la dirección nacional de su partido respondió: «pues mala suerte». Ayer, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, afirmó que una hipotética exclusión de Cataluña y el País Vasco en la propuesta de reparto de menores inmigrantes no acompañados preacordada entre el Gobierno y Canarias enfrentaría territorios, pero pide «prudencia» hasta conocer los detalles de la propuesta.
Al margen de la contienda política, Canarias está pendiente de que la Abogacía del Estado defina si el texto legal para el reparto extraordinario se llevaría al Congreso de los Diputados como decreto ley o como proposición de ley. En los próximos días, Clavijo iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de recabar los apoyos suficientes que permitan alcanzar una mayoría de 176 votos en la Cámara Baja y, así, dar luz verde a la derivación de menores para descongestionar la red de acogida del Archipiélago, en la que viven más de 5.800 niños y adolescentes migrantes no acompañados.
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