El Ayuntamiento de Daimús va a poner punto y final, en breve, al que, si duda, ha sido el asunto más oscuro de su historia: el desvío de fondos a una cuenta propia, de varios familiares y de otro trabajador municipal por parte de un funcionario durante años hasta llegar a acumular casi un millón de euros.
En un pleno celebrado la tarde de este jueves, la corporación municipal ha dado luz verde a la propuesta del trabajador público, José Bernardo J. F., condenado a tres años y tres meses de prisión tras reconocer los hechos durante el juicio, de devolver parte de la deuda por el dinero que se llevó en especie.
La propuesta, que debía formalizarse en el pleno y que fue presentada por el condenado, supondrá, en concreto, la cesión en propiedad al Ayuntamiento de Daimús de varios bienes inmuebles que son de su titularidad. A estos se sumarían, además, 100.000 euros en metálico, que, según fuentes consultadas por este periódico, ya ha ingresado en las cuentas municipales.
Las propiedades que el funcionario va a traspasar al consistorio son tres terrenos que se encuentran en distintos puntos tanto de la playa como del pueblo de Daimús, alguno de los cuales está valorado en más de 250.000 euros, dos plantas bajas situadas igualmente en el municipio y otras dos que se encuentran en Bellreguard.
Las tasaciones de estos bienes han sido realizadas por el propio ayuntamiento, con el objetivo de que, sumado a la cantidad en metálico que ha transferido ya el acusado, comprobar que con su donación se alcancen los 1,3 millones de euros de lo que el funcionario desvió más los intereses que fijaba la sentencia judicial de 2023.
La propuesta recibió el visto bueno de la corporación municipal, que considera que la propuesta era buena porque, además de que el consistorio dispondrá de suelo municipal para la construcción de edificios que pueden albergar servicios para los vecinos y las vecinas o ponerlos a la venta y convertirlos en líquido para invertir, se llega al final del recorrido de un asunto que arrancó en 2017.
Fue la interventora municipal, en un momento en el que el funcionario, que era compañero del mismo departamento, se encontraba de baja por enfermedad, quien descubrió el sistema que había creado para desviar dinero municipal a sus cuentas.
Otros colaboradores
Según quedó acreditado en la sentencia judicial, en la que también fue condenado a dos años el alguacil, a cuya cuenta también se desviaban fondos que después retiraba del cajero, lo que hizo este funcionario fue crear un sistema mediante el cual duplicaba facturas de proveedores municipales, especialmente de suministro eléctrico. De ese modo, una de ellas se pagaba a la empresa que ofrecía el servicio pero la otra iba a parar a sus cuentas o la de sus colaboradores. De ese modo, según apuntaba la resolución judicial, logró amasar una cantidad próxima al millón de euros.
El funcionario, que trabajó en el Ayuntamiento de Daimús desde 2002 hasta que se descubrió esta práctica, reconoció haber llevado a cabo el desvío de fondos durante «cuatro o cinco años».
Con el dinero conseguido de forma fraudulenta, el principal acusado adquirió varios inmuebles en la propia localidad de Daimús y en otros municipios próximos.
También aparece como fundador de una sociedad mercantil que está relacionada con alguna de las operaciones inmobiliarias pagadas con el dinero defraudado al ayuntamiento. Su hijo recibió hasta 110 transferencias desde la cuenta de su padre «de dinero obtenido ilícitamente del Ayuntamiento de Daimús», según apuntaba la sentencia que publicó Levante-EMV en su momento.n
