Allá por el mes de febrero de 2023, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no ocultó su entusiasmo “ilusión, pasión y alegría” por el proyecto promovido por el cantante José Manuel Soto. Una iniciativa que, dos años después, está bajo la lupa de la Oficina Andaluza Antifraude, que ha urgido al Gobierno de la Junta a revisar un contrato menor cercano a 15.000 euros por ser concedido sin concurrencia a una sociedad del artista par aun proyecto vinculado a la promoción del turismo en la aldea del Rocío, conocido como ‘Destino Rocío’.
Dos años antes de que Antifraude, tras las denuncias de Por Andalucía, tirara de las orejas al Ejecutivo de Moreno Bonilla, el propio presidente andaluz se felicitaba por la gestación de lo que se catalogó como una suerte de Camino de Santiago, pero a la andaluza. En la presentación del proyecto, con un auténtico despliegue de medios al que asistieron celebridades televisivas y radiofónicas como Juan Y Medio o Carlos Herrera, al jefe del Ejecutivo regional se le fue la boca de más al confesar que aceptó el “sueño” del cantante “sin maquetas, ni mochilas, ni proyectos, pero sí con las ideas claras”.
«Cuando vino José Manuel a proyectar y traerme su idea, es verdad que no venía con grandes maletas, ni mochilas, ni maquetas, ni proyectos, pero sí con las ideas muy claras, mirándote a los ojos», declaró Moreno Bonilla en un acto, donde también destacó que la pasión del cantante por su iniciativa le transmitió «ilusión, pasión y alegría». Según el presidente andaluz, este proyecto representaba el «comienzo de un gran proyecto transformador para Andalucía y España».
Bajo la lupa de la sospecha
No obstante, la Oficina Andaluza Antifraude, dependiente del Parlamento autonómico, ha puesto en entredicho la legalidad de la adjudicación de un contrato menor a la sociedad del cantante en 2021. Dicho contrato, de cerca de 15.000 euros, fue otorgado sin concurrencia para la promoción del turismo en la aldea de El Rocío, en Huelva.
La entidad señaló que, en el momento de la firma y ejecución del contrato, el objeto social de la empresa de Soto se limitaba a la «promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticas y musicales». Por lo tanto, carecía de capacidad para actuar en otros ámbitos económicos, lo que podría conllevar la nulidad del contrato por falta de idoneidad de la empresa adjudicataria.
Desde el grupo parlamentario Por Andalucía, sus portavoces Esperanza Gómez Corona (Sumar) y José Manuel Gómez Jurado (Podemos) han calificado este caso como «un caso de corrupción de libro». En caso de que la revisión oficial determine la nulidad del contrato, exigen que José Manuel Soto devuelva el dinero público recibido.
Según Gómez Corona, «la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude deja en evidencia graves deficiencias en la contratación pública del actual Gobierno andaluz». Por ello, reclama dimisiones y responsabilidades políticas por un contrato que, según sus palabras, se adjudicó «sin garantías de transparencia ni concurrencia».
La respuesta de la Junta
Ante las acusaciones, la Consejería de Turismo ha salido en defensa del proceso, asegurando que el contrato de 15.000 euros formaba parte de un «boceto del proyecto» y que «el objeto se ha cumplido». Según la Junta, este boceto sirvió de base para desarrollar la iniciativa de promoción turística de la aldea de El Rocío.
No obstante, esta no ha sido la única ayuda recibida por Soto. Su fundación ha sido beneficiaria de subvenciones por un valor cercano a los 500.000 euros, algunas de las cuales también han sido objeto de controversia. De hecho, la Junta ya ha reclamado cerca de 30.000 euros tras detectar irregularidades en la justificación de los gastos.
La Oficina Antifraude archivó una denuncia sobre las subvenciones nominativas otorgadas a la fundación de Soto en 2023 y 2024, cada una valorada en 275.000 euros, al no detectar indicios de ilegalidad. Sin embargo, la izquierda sigue denunciando un supuesto trato de favor hacia el cantante, ya que estos fondos públicos se otorgaron sin un proceso de concurrencia competitiva.
Desde la Junta, en cambio, defienden que la fundación de Soto ya no recibe más subvenciones y que el Gobierno autonómico ha iniciado el procedimiento de reintegro parcial de algunos fondos al haber detectado «gastos no acordes con el propósito original».
Opacidad de la Junta
Los parlamentarios de Por Andalucía también han denunciado dificultades para acceder a los expedientes de estos contratos y subvenciones. Según han afirmado, la Junta ha dificultado la consulta de la documentación, lo que les ha llevado a solicitar ayuda al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP).
Desde el Gobierno andaluz, sin embargo, rechazan las acusaciones de falta de transparencia y aseguran que se permitió el acceso a los expedientes. «Se les dio acceso a toda la documentación disponible, y pasaron dos meses desde que se les informó hasta que se personaron para revisarla», argumentan. En respuesta, los parlamentarios de Por Andalucía critican que «se nos da papel y boli para copiar miles de folios», cuando exigen que «el expediente completo se envíe por correo electrónico».
