Junts y PNV creen que la inmigración ilegal es tan beneficiosa para la economía de los españoles que, en un alarde de desprendimiento, han decidido renunciar a su parte proporcional de los 4.400 menas que andan actualmente atascados en Canarias para regalársela al resto de comunidades autónomas.
Es el primer gesto de generosidad que se le conoce a los nacionalismos vasco y catalán desde que sus respectivas altas burguesías se inventaron a finales del siglo XIX sus correspondientes matracas identitarias románticas para blindar sus privilegios de clase.
Ahí es nada, renunciar a eso que Silvia Intxaurrondo llamó en La 1 «el talento de los menas que hace brillar nuestra sociedad».
Moncloa pacta con Canarias que Cataluña y País Vasco no entren en el reparto de los 4.400 menas que llevará a las CCAA
Un gesto de desprendimiento al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con un «a mandar». Ayuso, Moreno y Mazón, entre otros presidentes autonómicos, casi todos ellos del PP, acogerán ahora a los menas a los que los gobiernos vasco (PNV) y catalán (PSC) han renunciando tan dadivosamente.
Para los menas, está visto, no hay cupo ni concierto ni hacienda propia.
Y eso a pesar de que en fecha tan reciente como octubre del año pasado el lendakari Imanol Pradales afirmaba que el País Vasco «necesita personas migrantes porque la propia economía lo requiere».
El pasado mes de julio, el nuevo líder del PNV, Aitor Esteban se lamentó por el hecho de que La Rioja no hubiera acogido todavía ningún mena procedente de Canarias. Ahora nos va a enviar los suyos.
Hay más ejemplos de la tradicional hipocresía racista vasca.
La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, por ejemplo, ha brillado como una de las más firmes opositoras a la política inmigratoria de Donald Trump. «Las personas que abandonan sus lugares de origen huyen de la pobreza, la inseguridad y la violencia» ha dicho en el Parlamento europeo. «Exigimos el cumplimiento de la legislación internacional frente a la xenofobia con la que el presidente de los Estados Unidos conduce la política de su país contra las caravanas de inmigrantes centroamericanos».
Ahora, Izaskun nos ha dicho al resto de los españoles «la caravana os llega a las 12:00, estad preparados porque estos chicos se lo merecen todo».
En mi tierra de origen, el lema «Cataluña tierra de acogida» se ha convertido en un mantra habitual en las televisiones, las radios y los medios públicos, que lo son todos, incluidos los privados.
En septiembre del año pasado, Gabriel Rufián le afeó a Santiago Abascal su «racismo» contra los menas: «Alguno de estos chavales han cotizado más que él».
«Me siento muy orgulloso de ser de un país que acoge a un montón de menores extranjeros no acompañados» había dicho Rufián en 2021. Por «país» se refería a Cataluña, claro. «Más solidaridad y menos racistas subvencionados» dijo luego.
«Queremos ser solidarios y recibir a menores migrantes» ha dicho el diputado de ERC Jordi Salvador en el Congreso de los Diputados.
New paper using Dutch data has similar findings as previous work with Danish data: Net fiscal contribution of immigrants is negative, regardless of entry age. It appears unlikely that immigration will solve the conundrum of the sustainability of European welfare states. https://t.co/ql0y8uMBNk
— Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) January 3, 2025
La realidad es, como han empezado a descubrir algunos que empiezan a caerse del guindo ahora después de defender durante años el tópico de la declinante natalidad española y la supuesta aportación económica de la inmigración, que esta no suma, sino que resta, y que su contribución fiscal neta es negativa.
Algo para lo que no hace falta ningún sesudo paper cuando se cruzan dos datos de sentido común. El de que sólo el 20% de los españoles más ricos contribuyen de forma neta al sistema (el 80% restante de los españoles recibe del Estado más de lo que paga en impuestos) y el de la cantidad de inmigrantes que se sitúan en ese 20% de la sociedad (un porcentaje absolutamente marginal).
O dicho de otra manera.
Dado que la frontera mínima de ese 20% se sitúa aproximadamente en los 50.000 euros anuales, cualquier inmigrante que no genere por sí solo esa cantidad, por supuesto sin ayudas ni subvenciones de ningún tipo, supone un coste para los españoles.
Cosa diferente es que los españoles, de forma libre en las urnas, decidan que ya les parece bien asumir ese coste, sabiendo que este se financia a costa de su propio bienestar. Frente a esto, la democracia manda, y el 20% hará lo que el 80% decida.
Pero que se explique entonces que los motivos para el acogimiento de inmigrantes no son natalistas ni económicos, sino humanitarios, y que se explique luego el coste de tanta humanidad. Con el dinero de otros todos somos solidarios.
Un último dato. El eslogan del Gobierno de que el PIB sube, en buena parte, por la aportación de la inmigración es, literalmente, un bulo. El PIB sube porque sube la población y eso incrementa el PIB. Pero lo hace a costa de que todos ganemos menos.
La subida del PIB, en fin, es irrelevante si ese PIB debe repartirse entre más gente. O dicho de otra manera: el PIB debería subir mucho más para compensar la redistribución de los recursos públicos entre mucha más gente. No sirve de nada añadir una guinda al pastel si sentamos a una docena más de personas a la mesa.
Frente a todos los discursos bienintencionados sobre la inmigración, recuerden que aquellos partidos que hoy tienen la capacidad de chantajear al presidente del Gobierno han aprovechado dicha herramienta para rechazar a los inmigrantes.
Eso es todo lo que necesitan saber sobre eso que los burócratas llaman «el debate más importante que deben afrontar hoy las sociedades occidentales».
