El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media, sin merma salarial. El texto, pese a tramitarse de urgencia, deberá atravesar una serie de procesos antes de llegar al Congreso de los Diputados que alargarán su debate parlamentario más de un mes. No obstante, el debate está reabierto mientras el Gobierno busca apoyos que saquen adelante la mejora laboral y los cálculos sobre cómo afectaría a los diferentes sectores y territorios se suceden.
La patronal asegura que sería una catástrofe para el sector económico, tal y como ha pronosticado (y fallado) con otras mejoras para los trabajadores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo asegura que mejoraría la vida de las personas y, simultáneamente, la productividad. La última parte implicada, la representación de los trabajadores, defiende la implantación y esta semana, desde UGT, ha presentado un informe que concluye que “no existe sector productivo que no esté preparado para acometer la reducción de jornada”. Es más, en muchos ya se aplica y la gran diferencia se aprecia entre autonomías.
La cantidad de tiempo que le dedica un asalariado semanalmente a su trabajo es muy diferente en función del empleo y territorio en que se desempeñe. Las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios pueden regirse por, en orden de prioridad, convenios sectoriales estatales, que no diferencian entre territorios; por convenios sectoriales regionales (CCAA o provincia), variando las condiciones para un mismo trabajo en función de dónde se desempeñe y que cuenta con prioridad si es más beneficioso para el trabajador que el estatal (en caso de haberlo); y por convenios empresariales, en sus diferentes modalidades.
En conjunto, la jornada laboral media por convenio se ubica en las 38,2 horas, que se traduce en una suma anual en torno a las 1.745 horas. Así, el ajuste semanal de aprobarse la reducción de jornada sería de menos de una hora de media diaria y de poco más de 30 horas anuales, en comparación con la suma anual de las 37,5 horas (1.712). No obstante, muchos millones de trabajadores no están acogidos a ningún tipo de regulación laboral a través de convenios y se rigen la normativa general (40 horas) y, dentro de la media, muchos convenios se ubican muy por encima de las 37,5.
Grandes diferencias entre territorios
El argumentario contrario a la aplicación de la reducción y centrado en la complicación sectorial no tiene mucho sentido si se atiende a las diferencias presentes entre los convenios colectivos de la misma actividad económica en función de las comunidades autónomas (CCAA) donde han sido negociadas. El norte rico de España (País Vasco y Navarra) siempre lidera las estadísticas de condiciones laborales de media, pero también lo hace contraponiendo los mismos trabajos.
Es el ejemplo de sectores como la Hostelería que, si bien no cuenta con ningún convenio colectivo provincial con una jornada de 37,5 horas, muestra muchas diferencias entre Gipuzkoa (1.723 horas anuales) o Navarra (1.724) y Almería, Granada, Córdoba, Ourense o Zamora (todas en 1.826 horas). La diferencia es de más de 100 horas anuales y esta situación se replica en los convenios del comercio, la industria y el comercio del metal, las oficinas y despachos, el campo o la limpieza. Además, las provincias ubicadas a ambos lados suelen ser las mismas.
Además, los sueldos y la productividad no son más altos en las provincias donde se trabaja más, sino al contrario (en Gipuzkoa cobran casi 70 euros más al mes que en Granada). “Un mismo sector la actividad difiere, entre provincias, en una media de 100 horas de jornada laboral (oscila entre 74 horas del sector del comercio y las 131 del sector del metal). Al ser convenios sectoriales, afecta a todas las empresas de ese sector productivo -pequeñas, medianas y grandes- con independencia del número de trabajadores que tengan”, exponen desde UGT.
Así pues, desde la organización sindical dan respuesta a una de las protestas de los empresarios, que en estas ocasiones se agarran a las pequeñas empresas, y aseguran que “el tamaño de la plantilla no es impedimento para acomodar la jornada a las 37,5 horas en cómputo anual”. “Hay pymes en los diferentes sectores que, en función de su localización geográfica, ya están aplicando jornadas muy similares a la que figura en el acuerdo de diciembre sin que se haya producido inconvenientes que no hayan podido solventar”, desgranan.
Es más, también desgranan que menor jornada no es sinónimo de menor salario ni de menor productividad, pues en ambas cuestiones suele ser a la inversa. Como ejemplo, el sindicato pone a Navarra, que cuenta de media con la jornada laboral más corta y unos salarios más altos, siendo a su vez la segunda autonomía española, por detrás de País Vasco, que ocupa un puesto más alto en el ranking de productividad de regiones de la Unión Europea (UE). En el continente, los países con mejor productividad tienen salarios más altos y jornadas más bajas que España.
