El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión.
La norma disminuirá la duración máxima de la jornada a 37 horasy media semanales de promedio en cómputo anual, sin reducción salarial. La medida fue abordada tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y el texto se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria tras ser aprobado definitivamente en un próximo Consejo de Ministros.
Esta medida ha generado sensaciones contradictorias, porque resulta una tabla rasa que no afecta del mismo modo a grandes empresarios que a autónomos ni tampoco a trabajadores de los distintos sectores. Hemos querido abordar el tema desde varios prismas.
No son las mismas las necesidades de un empresario de la construcción de las de un hostelero. Como tampoco el igual el mercado laboral para un autónomo que para el dueño de una explotación agropecuaria. Desde ASAJA, por ejemplo, consideran que esta medida ha sido impuesta sin consenso con la patronal y sin considerar las particularidades del sector agrario. Esto va a suponer, a su juicio, serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país.
Tampoco agrada la medida a los empresarios de Córdoba representados por CECO. No van a aceptar la propuesta de la ministra Yolanda Díaz porque consideran que son materias que no tienen que tratarse por ley. Antonio Díaz, presidente de CECO, nos ha hecho esta reflexión sobre lo que cataloga como “café para todos”
Pero si hay un gremio que se siente agraviado por esta medida es el de los autónomos. Creen, de hecho, que el absentismo laboral cuesta 8.000 millones al año y apuestan por una negociación colectiva que es la que ha su juicio ha permitido que uno de cada cuatro convenios esté por debajo de las 37 horas y media.
