El investigado, que reivindicaba las intrusiones en foros de la darkweb, logró acceder a los servicios informáticos de entidades públicas y privadas entre las que se encontrarían la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Generalitat Valenciana, diferentes Universidades españolas, bases de datos de la OTAN y del Ejercito de EEUU, así como otras empresas y entidades internacionales.
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