El Pleno extraordinario que celebrará el próximo miércoles en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar cumplimiento al encargo que recibieron sus vocales nada más tomar posesión –elaborar una propuesta para cambiar el sistema de elección de sus puestos, con el fin de alejar las sombras de politización– parece abocado al fracaso. Desde el sector conservador se ha elaborado un informe de 38 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, que incluye una propuesta de texto articulado con un total de 18 preceptos para reformar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, mientras que los vocales progresistas ven en este documento un intento de suplantar a las Cortes.
La respuesta oficial que el órgano de gobierno de los jueces tiene remitir al Congreso y al Senado –para lo que se dio un plazo de seis meses que concluye este jueves, 6 de febrero– precisa de un apoyo reforzado (13 votos de 20) que a dos días de la celebración del Pleno que tratará este asunto de forma monográfica parece imposible de alcanzar. La actual composición del Consejo es de diez vocales conservadores y diez progresistas, a los que se suma la presidenta, Isabel Perelló, en teoría más cercana a éste último sector, pero ni siquiera su apoyo serviría para inclinar la balanza a uno u otro lado.
Desde el sector progresista se sigue apoyando que la elección de los vocales tenga en algún momento que obtener el plácet del parlamento español, mientras que los conservadores proponen reformar el artículo 566 de la actual ley para que de los veinte vocales del Consejo «doce serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial elegidos por jueces y magistrados, y ocho juristas de reconocida competencia elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado”. Se trata del mismo postulado que viene defendiendo aplicar desde hace años el PP.
Voto directo y secreto
La elección de los doce vocales jueces por sus compañeros ser realizaría según esta propuesta mediante «voto personal, libre, igual, directo y secreto», según el documento elaborado que se llevara al Pleno, que especifica los términos en los que debe desarrollarse este proceso a lo largo de varios artículos.
Además de disentir de esta postura, que eliminaría la elección directa de una gran mayoría de miembros del CGPJ por el legislativo, desde el sector progresista se critican las formas. Entienden que el encargo que se les hizo era el de realizar un informe sobre cómo reformar esta ley, pero no el de «arrogarse la iniciativa legislativa». Por ello, el próximo miércoles propondrán que se fije primero el marco en el que el Consejo debe actuar en todo este asunto y, de no llegar a un acuerdo para presentar dos propuestas diferenciadas, se opte por no enviar ningún documento al Congreso.
La negociación ha estado en manos de un equipo de cuatro vocales, los designados a propuesta del PSOE Argelia Queralt y Bernardo Fernández, y los nombrados a instancias del PP Isabel Revuelta y José Carlos Orga.
En la propuesta planteada por éstos últimos, pero que firman todos los vocales conservadores, se justifica ampliamente el cambio a un sistema de vocales jueces elegidos directamente por sus pares para cumplir con el encargo dado, que se explicitaba en la disposición adicional aprobada en la última reforma de la ley, con ocasión del acuerdo entre PSOE y PP que permitió renovar el CGPJ tras casi cinco años de funcionamiento en funciones. La propuesta debe garantizar la independencia para que, «con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos», rezaba la disposición.
Informe del Supremo
Por parte del sector progresista se pone en valor el resultado del informe presentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a finales del pasado mes de diciembre y validado, por lo tanto, por la presidenta del Consejo Isabel Perelló, que además del órgano de gobierno de los jueces es también presidenta del alto tribunal. El documento despertó la esperanza de los progresistas al incluir dos posibilidades diferentes, siendo una de ellas «un sistema que garantice la intervención de las Cortes Generales». Sin embargo, este criterio no parece haberse tenido en cuenta por los conservadores, que optan por la elección directa por parte de los jueces de los doce miembros del órgano que deben proceder de la carrera.
En la propuesta que firman los vocales José Luis Costa Pillado, José Antonio Montro, María Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Pérez, Esther rojo, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal también se propone incluir que “en la composición del Consejo General del Poder Judicial se atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres” y que la renovación no tenga que esperar a un acuerdo político ante un nuevo bloqueo para los ocho miembros –juristas de reconocido prestigio–que seguirían dependiendo de este órgano.
