La instrucción del presunto robo de agua en la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, gestionada a través de la sociedad Eurotécnica Agraria, propiedad de la Casa de Alba, parece haber tomado impulso tras la presentación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente del informe pericial del Seprona, en el que se valora económicamente el daño medioambiental de las extracciones de agua sin autorización de ocho pozos. También los posibles impactos al acuífero Aljafare-Sur y sus conexiones con las masas subterráneas de agua y los ecosistemas del Espacio Natural de Doñana.
En un primer momento, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Sanlúcar la Mayor, en un auto del 27 de noviembre, consideraba que «no queda suficientemente determinado indiciariamente ese elemento que requiere el tipo penal de causar grave daño al medio ambiente». Ahora, en un nuevo auto, emitido el pasado 31 de enero, y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, afirma que «en efecto, los hechos investigados serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente».
Ecologistas en Acción, organización personada en la causa, ha pedido con insistencia la clausura de los ocho pozos, cierre que llevó a cabo el Gobierno el pasado mes de diciembre por la vía administrativa después de una inspección rutinaria del Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Un robo de agua valorado en más de seis millones de euros
En esta línea, además de ordenar que se vuelvan a precintar los pozos investigados y acordar retirar las bombas y los equipos instalados como medidas cautelares, también cita a declarar en calidad de investigado, al mayor de los nietos de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, hijo de Alfonso Martínez de Irujo.
Luis Martínez de Irujo Luis es un gran desconocido, a pesar de que su boda fue la primera que se celebró tras el fallecimiento en 2014 de su abuela Cayetana. Fue en el Palacio de Liria el 1 de octubre de 2016 y se publicó en la portada de ‘Hola’, pese a que esta rama familiar se prodiga poco en el papel couché.
El juez ordena que se vuelvan a precintar los pozos investigados y acordar retirar las bombas y los equipos instalados como medidas cautelares, esta vez por la vía penal
La Guardia Civil cifró en más de seis millones de euros el robo de agua de esta empresa de la Casa de Alba en esta finca de regadío situado en el entorno de la Doñana sevillana. El informe pericial remitido al juzgado por la fiscal de Medio Ambiente concluye que «la extracción ilícita de agua supone daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles debido a las interconexiones naturales existentes».
Esta cantidad se calcula teniendo en cuenta las necesidades hídricas del cultivo de los cítricos y el beneficio obtenido, que oscilaría entre los 5,8 millones y los 6,5 millones de euros. «Al beneficio económico calculado anteriormente para el agua se le ha sumado el que ha tenido el agricultor por el rendimiento por tipo de cultivo y por hectárea, obteniendo información relativa a la producción y precio (por año) del cultivo de naranjas», explica el documento.
Además, a todo ello se suma la pérdida económica de «los valores de servicios ecosistémicos dentro del área afectada», que se estiman entre 62.539 euros y 113.353 euros. A los resultados se les ha deducido el 25% por los costes totales de las tareas de recolección.
«La extracción ilícita de agua supone daños importantes sobre el ecosistema, que pueden llegar a ser irreversibles debido a las interconexiones naturales existentes»
Posible extracción ilícita de entre cuatro mil millones y siete mil millones de litros de agua
Para estimar el daño económico ambiental, es decir los costes de reparación a los que se alude en la Ley de Responsabilidad Ambiental, se ha tenido también en cuenta el volumen de litros extraídos durante el período de 2014 a 2021 por esta explotación agraria, que se sitúa entre los casi cuatro millones de metros cúbicos y siete millones de metros cúbicos. Es decir, entre cuatro mil millones y siete mil millones de litros de agua.
Cabe recordar que esta Confederación Hidrográfica avaló hace unos meses un informe que la posibilidad de utilizar estos pozos porque consideraba que pasar de repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará «la hidrodinámica del acuífero» al no ser necesario profundizar tanto para obtener el recurso. De ahí que, en estos momentos, estén pendientes de la tramitación. Eso sí, los pozos no pueden estar en explotación mientras no cuente con la concesión del organismo de cuenca.
El proceso de regularización se inició cuando la empresa ya había sido denunciada por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas» por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos.
Agua del acuífero Aljarafe Sur, colindando al de Doñana
Los hechos denunciados tuvieron lugar en tres parcelas pertenecientes a la finca Aljóbar, ubicada en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, con una superficie equivalente a casi 300 campos de fútbol. Los ocho pozos sin autorización extraían agua de la masa subterránea denominada Aljarafe Sur, cuyo territorio se encuentra en el sistema de explotación de recursos SE-1 Guadiamar. Un acuífero «en buen estado», según el organismo de cuenca, colindante al dañado acuífero 27, protagonista de la sobreexplotación del regadío de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.
