Se han necesitado dos reuniones y una negociación a última hora para desbloquear la proposición no de ley que Junts registró en la Cámara Baja el pasado 9 de diciembre. Una iniciativa que, en pleno episodio de tensión con el PSOE, buscaba tensar la cuerda del presidente del Gobierno para instarle a someterse a una cuestión de confianza. Órdago que Moncloa no dedicó ni cinco minutos a estudiarlo, pues la respuesta fue un ‘no’ inequívoco. También a la PNL en cuestión, aunque todo cambió el martes pasado, cuando las partes descongelaron las relaciones y transaccionaron el ‘sí’ neoconvergente al decreto ómnibus por la tramitación de la proposición. Con retoques, eso sí. Ciñéndose a las recomendaciones de los Letrados de la Cámara. Dicho y hecho.
Poco más de dos meses después, el órgano rector del Congreso de los Diputados calificará la proposición no de ley de Junts. El PSOE dará su visto bueno y, finalmente, prosperará. Como también lo harán la subida de las pensiones, la bonificación al transporte público o las ayudas a los afectados por la DANA. Iniciativas que tanto los juntaires como el Partido Popular tumbaron en la sesión extraordinaria del 22 de enero.
La intrahistoria de la PNL
Los de Carles Puigdemont registraron la proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre, en un momento en el que la relación con los socialistas se erosionaba a golpe de titular. Tanto fue así que los neoconvergentes elevaron su apuesta y congelaron las negociaciones con Ferraz para cuestiones sectoriales. Es decir, todo lo que se saliera del ámbito catalán, lo cual conllevaba un portazo a los Presupuestos Generales del Estado.
La iniciativa ya nació con polémica. Al poco tiempo de su registro, los servicios jurídicos de la Cámara Baja emitieron un informe mediante el cuál no ponía objeción a su calificación. Sin embargo, al tratarse de una herramienta constitucional de competencia exclusiva de Presidencia del Gobierno previa deliberación con el Consejo de Ministros, los letrados estimaron oportuno reflejar la recomendación de reformular el texto de la PNL para suprimir la vinculación jurídica que se le otorgó.
En suma, los letrados subrayaron en el documento que es la Mesa la que debe fijar doctrina y decidir sobre la PNL, pues era la primera vez que un grupo parlamentario instaba a una cuestión de confianza a través de esta figura. Por ello, a instancias del PSOE y de Sumar que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara, postergó su decisión y evitó hasta en dos ocasiones la autorización de su tramitación. La primera de ellas llegó a la semana de su registro, mientras que la segunda lo haría en el mes de enero. La decisión estaba en el aire. Necesitaban tiempo para adoptar una resolución final mientras en el Partido Popular -segundo en discordia en la Mesa – nunca vieron problema alguno para que pasara el primer filtro.
Los socialistas, en cambio, justificaban sus reticencias con arreglo a la Constitución Española, recalcando que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Por lo tanto, sólo corresponde a Pedro Sánchez tomar tal determinación. De hecho, durante el Ejecutivo de Felipe González, se permitió el debate de una moción de Coalición Canaria que instaba al presidente a convocar elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa. Un hecho que puede entenderse como homologable, pero que no termina de fijar doctrina a ojos de los letrados de la Cámara, que insistieron en la potestad de la Mesa para resolver el conflicto.
Tono rebajado
Las dos prórrogas concedieron al PSOE una baza ganadora para frenar el órdago de Junts y, de paso, subsanar el desaguisado del decreto ómnibus. Los juntaires colocaron su iniciativa sobre la mesa de negociación y los socialistas aceptaron tramitarla siempre y cuando se ciñese a las exigencias de los servicios jurídicos del Congreso y descafeinaran su redacción. Los independentistas accedieron y tras comunicar las entrañas del acuerdo, registraron un nuevo texto que se limita a animar a Sánchez a “considerar la oportunidad” de plantear una cuestión de confianza.
La nueva redacción queda aún más descafeinada al expresar que su propuesta carece de “efectos jurídicos”, sino que se ciñe al valor político. De esta manera, no se obliga a Sánchez a cumplir con ella porque “la cuestión de confianza es una prerrogativa que le confiere la Constitución” al jefe del Ejecutivo de turno. Eso sí, lo que no se modifica es la exposición de motivos, donde los neoconvergentes insisten en que no ven voluntad política en el jefe del Ejecutivo para cumplir con los acuerdos firmados y que, por tanto, “no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de la legislatura”.
Cabe señalar que lo único que se vota y tiene efectos relativos es el texto, no la exposición de motivos. Así las cosas, toda vez que la Mesa califique la PNL, que previsiblemente saldrá por unanimidad, estará lista para ser introducida en el orden del día de una sesión plenaria. Se prevé que se debatirá a finales de febrero, aunque la decisión final sobre la fecha del debate y posterior votación se fijará en la Junta de Portavoces.
