Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han instado al Gobierno y a los partidos políticos a abandonar los «juegos de tacticismo político» y a priorizar una agenda social que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Durante las movilizaciones celebradas este domingo en distintas ciudades de España, ambos líderes sindicales han reclamado la apertura de un proceso de negociación con los sindicatos para definir medidas clave en materia social y laboral.
«Es preocupante que la ciudadanía perciba una brecha creciente entre sus intereses y los debates en el ámbito político e institucional. Esa distancia debe cerrarse», ha advertido Sordo desde la concentración en la madrileña plaza Jacinto Benavente, una de las más de 50 manifestaciones organizadas en todo el país.
Las protestas han servido para presionar a los grupos parlamentarios en relación con la ley ómnibus, una norma que finalmente saldrá adelante con menos medidas de las previstas inicialmente. Según los sindicatos, esta legislación no ha sido consensuada con las organizaciones sociales ni satisface las demandas de la mayoría de los ciudadanos.
Crítica a la «antipolítica» y advertencia sobre la extrema derecha
Pepe Álvarez ha alertado del riesgo de que la desafección ciudadana derive en una «antipolítica» que, según ha subrayado, solo beneficia a la extrema derecha y aleja a los ciudadanos del compromiso político. La movilización en Madrid ha reunido a unas 5.000 personas, según cifras de los propios sindicatos.
Por su parte, Sordo ha lamentado que en las últimas semanas se haya dado prioridad a maniobras políticas en lugar de garantizar avances sociales. «Aunque finalmente se ha conseguido aprobar el real decreto que contempla la revalorización de las pensiones y mejoras en el sistema de ingresos de la Seguridad Social, ha quedado claro que el tacticismo político ha pesado demasiado«, ha afirmado.
El «coste político», clave en la aprobación de medidas
Bajo el lema «Con los derechos de la gente no se juega», los sindicatos han destacado que la revalorización de las pensiones y otras medidas finalmente incluidas en la ley ómnibus han salido adelante debido a la presión política y el temor de los partidos a asumir un «coste electoral».
«Que se haya aprobado mayoritariamente responde al miedo a un alto coste político si se votaba en contra de la revalorización de las pensiones», ha asegurado Sordo.
A pesar de esta victoria parcial, Álvarez ha insistido en que la norma «no ha sido negociada con los sindicatos ni responde plenamente a las necesidades de los ciudadanos». Por ello, han reiterado su exigencia de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) quede exento del IRPF y de que se reduzca la jornada laboral, una de las reivindicaciones históricas del movimiento sindical.
Los sindicatos también han reclamado al Ejecutivo que asuma su «responsabilidad de gobernar» y presente unos Presupuestos Generales del Estado que reflejen las prioridades sociales, además de avanzar en la reducción del tiempo de trabajo.
Sumar respalda las demandas sindicales
Desde el ámbito político, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha defendido las medidas del «escudo social» recogidas en el decreto aprobado y ha reafirmado su apoyo a la reducción de la jornada laboral y el incremento del SMI, negociados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos.
«El Partido Popular ha demostrado no tener un proyecto de país. Ante esta situación, seguiremos impulsando y apoyando la movilización en las calles para que la reducción de la jornada laboral sea una realidad», ha subrayado Hernández.
