1.115 días años después, el Gobierno reactiva la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década y que maltrata de forma crónica a la Comunitat Valenciana. El Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos autonómicos un documento técnico con su propuesta sobre la población ajustada, un elemento clave (pero no el único) para calcular el reparto de recursos que ejecuta cada año el Estado entre las comunidades. El esperado paso llega de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para finales de febrero y da continuidad a la propuesta enviada por el departamento de María Jesús Montero a las autonomías hace más de tres años y cuyas alegaciones nunca fueron contestadas. Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer la recepción del texto, pero declinaron valorarlo pese a su relevancia.
La población ajustada es una herramienta que toma como base los ciudadanos que viven en cada territorio según el padrón y cruza esos datos con una serie de parámetros sociales, demográficos y geográficos que tratan de aproximar el coste real que prestar esos servicios supone para cada gobierno autonómico en función de esas realidades. La dificultad está en consensuar el peso de cada elemento, pues cada territorio defiende que se valore más aquello que le beneficia.
En términos generales, el planteamiento del ministerio es casi un calco del remitido en 2021 en lo que a población ajustada se refiere. El informe, abierto a negociaciones y que constata las «posturas opuestas» entre comunidades en este sentido, mantiene la apuesta por incrementar el factor poblacional en el reparto de recursos, un aspecto defendido desde la Comunitat Valenciana, si bien deja muchos interrogantes abiertos.
Por ejemplo, no aborda los fondos que compondrán el futuro mecanismo de reparto (alguno de los cuales, como el fondo de Suficiencia, condena a la Comunitat Valenciana al mantener el ‘statu quo’), los recursos que el Estado pondrá en la bolsa común o si se avanzará en la autonomía fiscal y la cesión de tributos. Tampoco el encaje que Cataluña, una de las mayores aportadoras, tendría en este nuevo sistema en base al acuerdo sellado entre el PSC y ERC.
La ministera Montero y la consellera Merino, en Fitur. / REDACCIÓN
Ventajas y dudas
Como en la primera propuesta presentada por Montero hace tres años, hay luces y sombras para los intereses valencianos. Por un lado, se mantiene la propuesta de dotar de un mayor peso al gasto en Sanidad y en Educación, dos de las partidas más abultadas para la Generalitat, que por tanto se beneficiaría de ese cambio. La primera pasaría del 38 % actual a una horquila de entre el 40 y el 45%, y la segunda, del 20,5% actual a entre el 25 y el 30%.
Lo mismo ocurre con otras modificaciones menores incluidas en estos apartados, como una mayor precisión para medir el envejecimiento de los pacientes (pasando de siete grupos de edad a 20) o el cómputo del gasto de los estudiantes de otras comunidades matriculados en centros valencianos. Aquí también se incorpora la educación universitaria y la Formación Profesional de grado superior, otro aspecto positivo para los intereses valencianos, según varios expertos consultados.
Las dudas llegan con lo que se conoce como las «variables correctivas», factores como la dispersión, la superficie o la insularidad que se incorporan para matizar el indicador puramente poblacional con parámetros específicos de cada territorio que pueden suponer un mayor coste en la prestación del servicio.
Aunque en este grupo no se incorporará la despoblación, un criterio que no beneficiaría a la Comunitat Valenciana, el ministerio plantea mantener su peso sobre el total en el 3% actual o incluso elevarlo hasta el 4%. La C. Valenciana fue la única que en 2021 planteó eliminar todas estas variables, que por contra el frente norte que capitanea Galicia reclama aumentar.
Asimismo, propone un serio tijeretazo al apartado «resto de servicios», donde se incluye el gasto en infraestructuras, políticas industriales o de I+D+i, que pasaría del 30 % actual a pesar entre el 18 y el 22%. Esto sería un problema para la Comunitat Valenciana, que por su infrafinanciación apenas puede ahora destinar recursos a este importante vector de desarrollo y que con la nueva distribución dispondría todavía de menos capacidad de gasto.
En servicios sociales, ahora en el 8,5%, el Gobierno ofrece una horquilla de entre el 6 y el 10%. Resulta sorprendente que el ministerio se abra a reducir un apartado cuyo gasto va al alza en prácticamente todo el Estado por el envejecimiento generalizado de la población. En este ámbito, plantea dividir la población en dos grupos: entre 65 y 79 años y de 80 en adelante, aplicando diferentes tasas de dependencia en ambos casos.
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