Repsol reactiva todos los grandes proyectos de inversión que dejó en suspenso en España como muestra de su rechazo frontal al impuesto a las grandes energéticas y por la intención del Gobierno de prolongarlo otro año más. Tras decaer el gravamen especial, la petrolera escenificó esta semana que retoma sus planes de inversión en el mercado español dando vía libre a una megaplanta en Tarragona que transformará residuos urbanos en metanol renovable (un combustible verde que sirve para descarbonizar para el transporte pesado) con un presupuesto de más de 800 millones. Era sólo el primer paso y su intención es ir desbloqueando durante este año otros grandes planes en España con inversiones millonarias adicionales.
El consejo de administración de Repsol irá dando luz verde en los próximos meses a otros grandes proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde en Cataluña, Euskadi y Murcia, con inversiones previstas por otros más de 700 millones de euros, según confirman fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La petrolera da terminada la situación de ‘impasse’ en sus planes de inversión en España tras decaer el impuesto a las grandes energéticas y pretende ir tramitando las aprobaciones definitivas de los nuevos proyectos a lo largo de 2025.
El Congreso de los Diputados rechazó hace una semana -con los votos en contra de PP, Vox, Junts y PNV- convalidar el real decreto con el que el Ejecutivo proponía prorrogar el ‘impuestazo’ durante 2025 como una concesión a las exigencias a sus socios parlamentarios de la izquierda. Tumbado el gravamen especial que han pagado las grandes energéticas durante dos años, grupos como Repsol y Moeve (la antigua Cepsa) han anunciado la reactivación de inversiones milmillonarias en España.
Repsol ha dado ya vía libre a su proyecto de levantar una ecoplanta de metanol por 800 millones en Tarragona y Moeve ha confirmado su intención de iniciar las obras de su ‘megaproyecto’ del Valle Andaluz del Hidrógeno, con el que movilizará 3.000 millones en dos instalaciones de producción de hidrógeno verde y otros 2.000 millones en plantas de energías renovables para alimentarlas.
Ahora el consejo de Repsol pretende ir aprobando de manera escalonada las autorizaciones formales para levantar tres grandes proyectos de hidrógeno verde (que utiliza energías renovables para su producción y que servirá para sustituir el gas natural en procesos industriales que no pueden electrificarse para impulsar su descarbonización).
Los planes pasan por instalar también en Tarragona un electrolizador -el aparato que desarrolla el proceso que permite producir el hidrógeno- con una potencia de 150 megavatios (MW) con una inversión prevista de 300 millones, y otros dos electrolizadores más en sus complejos industriales de Bilbao y de Cartagena (Murcia) con potencias de 100 MW y con un presupuesto de más de 200 millones de euros para cada uno de ellos.
Repsol, la compañía que con mayor claridad y contundencia había mostrado su rechazo públicamente a la prolongación del impuesto a las energéticas, se lanza a reactivar los grandes proyectos que habían quedado en suspenso, al considerar que el fin del gravamen supone recuperar «un marco regulatorio y fiscal estable» y que ahora «es el momento de invertir», apuntan fuentes del grupo energético comandado por Josu Jon Imaz.
Repsol había sido la compañía que más ha pagado por el impuesto especial en los dos últimos años con casi 800 millones y había venido amenazando con llevarse todas o gran parte de esas inversiones a otros países, singularmente Portugal. El propio consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se puso al frente de las críticas del sector con una tribuna publicada en varios medios de comunicación denunciando el “populismo fiscal” del Gobierno y advirtiendo que mantener el impuesto extraordinario “ralentizará al mínimo” las inversiones del sector.
La ‘macroplanta’ de Tarragona
El consejo de administración de Repsol aprobó esta semana una «inversión histórica» de más de 800 millones para construir en Tarragona la primera planta europea que transformará residuos urbanos en metano renovable, un combustible que servirá para descarbonizar el transporte. La futura Ecoplanta, que estará en marcha en 2029, representará una impulso para la zona de Camp de Tarragona con la creación de 340 empleos en la fase de operación y 2.800 puestos durante la construcción de la planta.
La instalación, desarrollada por Enerkem -empresa de la que la propia Repsol es socia-, utilizará tecnología de última generación para valorizar desechos (la gasificación) para dar una segunda vida a residuos que de otro modo acabarían en vertederos o incineradoras. La nueva planta, ubicada en el parque industrial con que ya cuenta Repsol en Tarragona, tendrá capacidad para procesar hasta 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año y convertirlos en 240.000 toneladas de combustibles renovables y productos circulares.
El metanol renovable tiene origen en los desechos orgánicos, mientras que los productos circulares proceden de los no orgánicos, como plásticos no reciclables. «Esta inversión es una clara apuesta de Repsol por mantener el empleo industrial en España y continuar generando riqueza en el entorno», apuntan desde la compañía.
Cae el impuesto extraordinario
El Gobierno aprobó en lo peor de la crisis energética un nuevo gravamen temporal del 1,2% sobre las ventas -no los beneficios- de las grandes energéticas, las que facturan más de 1.000 millones de euros al año (gigantes como Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy), y que se aplicaría durante dos años. En estos dos años de aplicación la recaudación procedente del sector energético ha superado los 2.400 millones de euros.
Durante este tiempo, las grandes energéticas y las patronales que las agrupan ya han venido han criticado con dureza el gravamen, han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar tumbar el impuesto por considerarlo ilegal y desproporcionado. Y también han venido amenazando con la paralización de proyectos de inversión millonarios si el Gobierno prolongaba el gravamen extraordinario.
El Ejecutivo prorrogó el gravamen especial a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta final de 2024, y anticipó su intención de convertirlo en permanente pero reformándolo para permitir grandes deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realizaran. Tras parecer que semanas de tira y afloja entre el Gobierno y sus socios parlamentarios, enfrentados entre sí sobre este asunto, el ‘impuestazo’ decayó hace un par de semanas por el esperado rechazo de una mayoría del Congreso a convalidar el decreto que habilitaba su prolongación durante 2025 (con los votos en contra de PP, Vox, Junts y PNV).
Las grandes energéticas sumaron fuerzas en una ofensiva común histórica contra la prórroga del impuesto extraordinario sobre sus ventas y advirtieron al Ejecutivo de que estaban en riesgo inversiones verdes de hasta 30.000 millones en los próximos años si el gravamen se mantenía. Todos los gigantes energéticos se unieron en una revuelta conjunta inédita a través de un comunicado común del Club Español de la Energía (Enerclub), un lobby al que están adscritas las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), las gasistas, (como Naturgy) y las petroleras (Repsol, Moeve, BP o Totalenergies). Todas ellas tienen previstas inversiones millonarias para impulsar proyectos de hidrógeno verde en el mercado español.
