La plataforma Salvem Es Putxet de Selva ha criticado las “incoherencias” que, a su entender, presenta el informe de idoneidad elaborado por la conselleria de Educación y Universidades sobre las parcelas propuestas por el Ayuntamiento de Selva para ubicar el futuro colegio público de la localidad. La plataforma, contraria a la construcción de un nuevo centro y partidaria de la reforma integral del colegio Es Putxet, destaca que el informe utiliza como base una orden de 1991 “ya derogada” para calcular la superficie requerida por cada plaza escolar (18 metros cuadrados), lo que “podría comprometer la validez de la estimación de 5.742 metros cuadrados necesarios para el centro”.
Además, el colectivo vecinal apunta que la parcela rústica de 10.337 metros cuadrados propuesta por el Ayuntamiento, a pesar de tener la superficie necesaria para el futuro centro, “necesita una modificación puntual del planeamiento o una declaración de inversión de interés autonómico”, un proceso que “puede ser largo y complejo” y que, por ello, “genera incertidumbre sobre la disponibilidad inmediata del terreno”. Respecto al otro solar ofrecido por el Consistorio, una parcela urbana de 3.357 metros cuadrados, está calificada de forma adecuada, pero “no puede acoger el proyecto debido a su insuficiente superficie”. Además, añade que la parcela rústica presenta “dificultades” para cumplir con el requisito de accesos diferenciados para espacios docentes, deportivos, comedor, servicios y aparcamiento del futuro colegio y que el informe “no aporta datos concretos que confirmen si las infraestructuras como agua, energía, telefonía y alcantarillado son adecuadas”.
Otro de los aspectos subrayados por Salvem Es Putxet es la “recomendación” del informe del Govern para realizar un estudio hidrológico-hidráulico de estas parcelas para “garantizar que no haya riesgos en casos de lluvias extremas”.
Por contra, destacan que la reforma integral del colegio histórico de Selva es una opción “más viable y sostenible” en comparación con la construcción de un nuevo centro educativo. Los principales argumentos son un menor coste económico y un menor impacto ambiental y urbanístico, así como la mejora de la economía circular. También consideran que la reforma “evita trasladar la actividad educativa a otra área, manteniendo la proximidad del centro para familias y alumnos y favoreciendo la cohesión social en el barrio actual”, entre otros argumentos.