Con el telón de fondo del caso judicial que se cierne sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, aunque expresamente situando el punto en la reciente declaración del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo por las presuntas filtraciones, han sido muchas las reacciones que han trascendido en las últimas semanas, pero la esgrimida este miércoles por un emérito magistrado el Alto Tribunal ha puesto de relieve el matiz de la instrucción.

Se trata de Perfecto Andrés Ibáñez, exmagistrado del Supremo que atendió en una entrevista a Andrea Ropero en El Intermedio, donde fue preguntado por este escenario de calado judicial y mediático. “Me faltan palabras y decía la verdad. Es una catástrofe”, comenzó señalando sobre la declaración de Álvaro García Ortiz, quien dijo sentirse “indefenso” ante dicha causa.

De esta manera, Ibáñez fue más que claro en su opinión sobre a qué clase de causa se está enfrentando el fiscal general del Estado: “Está siendo objeto de una instrucción muy unilateral en planteamiento, pero es el viejo sistema de instrucción, esto no lo ha inventado el juez. Es un sistema inquisitivo que hoy creo que no tiene encaje constitucional”, explicó.

En estos términos, el magistrado emérito reiteró que esta dinámica se centra en que el juez instructor opere “con una sola hipótesis, la hipótesis de la imputación”, un escenario que considera que se ha convertido en un “antimodelo de instrucción que, lamentablemente, sigue vigente” al buscarse en él “causas políticas”.

Sobre las razones que han motivado la apertura de esta causa contra García Ortiz, el exmagistrado no situó el foco en el fiscal general, sino en el papel que adoptó en el tablero Miguel Ángel Rodríguez: “El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid manipula una información y atribuye al fiscal la oferta de un pacto. Esto es grave porque le atribuye a una institución del Estado algo que no ha hecho y exigía del fiscal una rectificación. Se produce en una nota, y ésta se criminaliza”.

En términos globales del caso judicial, también aduce el juez emérito que lo que más le produce dudas es “la falta de fundamentación de las iniciativas, muy graves”: “¿Cuál es la razón para que se opte por una medida tan tremenda como allanar los despachos de fiscales? En ellos hay documentación delicadísima, ya no digo la imagen pública. Se entra en los despachos de los fiscales, del mismo modo que se entra en las guaridas de los narcotraficantes”, lamentó.

Siguiendo el mismo marco de preguntas en el programa de LaSexta, una de las acciones del juez Ángel Hurtado, quien investiga las presuntas filtraciones de la FGE en el Supremo, reclamó el volcado del móvil de García Ortiz y, sobre esta cuestión, Ibáñez se preguntó “si no tendría derecho a negarse por su intimidad”.

Sobre la defensa de González Amador y el término “defraudador confeso”

En el lado contrario de la causa, el magistrado Ibáñez hace referencia a cómo está actuando la defensa de Alberto González Amador bajo la misma causa judicial. “La filtración ha podido perjudicar los derechos de defensa y presunción de inocencia de González Amador. Él mismo los ha puesto en riesgo desde el momento en el que se sabe que ha habido un intento de pacto con el fiscal. Por tanto, no hay causa”, dejó en claro.

Uno de los detalles que ha calado así en especial en el foco mediático y político ha sido el uso del término “defraudador confeso” después de que el abogado del novio de Ayuso reconociese en un correo la comisión del doble fraude fiscal a la Hacienda Pública por el que se investiga a su cliente. Asimismo, el juez Hurtado llegó a decir que al investigado “no se le puede considerar un delincuente confeso”, pese a que esta parte no entra dentro de la causa. Ante este escenario, el magistrado emérito también brindó su parecer: “Me parece gratuito, no era necesario. Da lógica porque es autodefensivo para el juez, abunda en que está actuando bien”, añadió.

Y es que el magistrado Ibáñez consideró que, a ojos de la opinión pública, esta causa es “demoledora” y la imagen que promulga “no puede ser más negativa” en cuanto al sistema judicial.

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