La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha defendido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado su forma de proceder respecto de los correos que le fueron reclamados directamente por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la noche del 13 de marzo del pasado año para salir a responder a una información que desde esta institución se consideraba un «bulo».
Se trataba de informar sobre acuerdo de pacto que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ofrecía a la Fiscalía para evitar ser juzgado por fraude fiscal. Rodríguez ha defendido que era su obligación dar cuenta de este asunto y que al correo cuya filtración se investiga tuvieron acceso al menos 60 personas esa misma noche.
La jefa provincial, que declaró durante casi dos horas, llegó al Supremo una media hora antes de las 10.00 horas y respondió con un escueto «sí» a la pregunta que le realizaron los periodistas sobre si tenía previsto responder a las preguntas del juez.
Según la Guardia Civil, la filtración de los datos que se investiga tuvo su origen «primigeniamente» en la Fiscalía, tanto en la Fiscalía General como en la Superior y Provincial de Madrid y la de Delitos Económicos, que es «donde dirigió la defensa su voluntad inicial de alcanzar una acuerdo» para evitar que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegara a juicio.
La investigación, en todo caso, sitúa la iniciativa de la filtración en el fiscal general de Estado, García Ortiz, siendo canalizadas sus órdenes a través de Pilar Rodríguez, quien a su vez informa de todos sus pasos al fiscal general. La fiscal jefe de Madrid, por su parte, habría sido auxiliada en la obtención del citado correo por el fiscal del caso, Julián Salto -inicialmente investigado pero ya exonerado del caso- y en menor medida por la decana de delitos económicos, Virma Alonso.
En un escrito adelantado este miércoles por esta redacción, la acusación ejercida por González Amador sostiene que la jefa Provincial Pilar Rodríguez faltó a la verdad cuando declaró ante el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), antes de que el caso llegara al alto tribunal. Para ello, la acusación se basa en el contenido de los mensajes de su teléfono móvil que fueron analizados por la guardia civil.
Cuando esta investigación pasó al Tribunal Supremo, al encontrarse indicios de que el propio fiscal general del Estado, podría ser también responsable de un delito de revelación de secretos, el juez que inició la causa en el Tribunal de Justicia de Madrid justificó que Rodríguez siguiera siendo investigada. Apuntó a la «actuación directa inicial» de Rodríguez en relación con la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso, al solicitar el expediente y remitirlo a Diego Villafañe, número dos en la Secretaría Técnica y colaborador directo del fiscal general.
Llegó a decir que Rodríguez «bien pudo adoptar la misma posición, si no estaba de acuerdo -lo que por cierto no ha manifestado- que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid», Almudena Lastra, que incluso evitó que la nota llevara el membrete de su departamento. «No solo no lo hizo -añade el auto- sino que, como manifestó al final de su declaración, admitía que era la responsable de la difusión de la nota, «amparándose en un deber de lealtad institucional».
