La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo que ella no filtró ninguna información sobre el procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se seguía en su Fiscalía por un fraude a Hacienda, y que a la denuncia inicial tuvieron acceso más de «571 personas» de distintas Administraciones y otras «60 a los correos». La subordinada del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha seguido la senda de su jefe, sin contestar a las acusaciones, en cambio, sí ha respondido al juez instructor que ha vuelto a remarcar que la nota de prensa que se emitió desde la Fiscalía General fue delictiva, según fuentes jurídicas.
Rodríguez ha estado cerca de dos horas declarando ante el magistrado Ángel Luis Hurtado que la mantiene tanto a ella como a García Ortiz imputados por un delito de revelación de secretos, además de al jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, que tendrá que acudir a declarar el próximo 5 de febrero.
La declaración de la fiscal provincial madrileña, que ha comenzado a las diez de la mañana, era relevante porque es el tercer vértice del triángulo formado por García Ortiz y por la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que la noche del 13 de marzo cuando se filtraron los correos internos del procedimiento se cruzaron numerosas llamadas.
Según fuentes con acceso a la declaración, Rodríguez ha explicado que a partir del día 5 de marzo que la Fiscalía interpuso la denuncia contra Alberto González Amador (pareja de Ayuso) tuvieron acceso a ella más de medio millar de personas del decanato de Plaza de Castilla, de la Agencia Tributaria y del propio Ministerio Público. La fiscal ha intentado expresar con este dato que la filtración del expediente tributario que terminó publicando ‘Eldiario.es’ el pasado 12 de marzo pudo venir de cualquiera de esos lugares.
Hurtado habla de «actuación coordinada»
El volcado de su teléfono que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que ella envió un Whatsapp a Villafañe esos días diciéndole: «Hola jefe, me pongo a tu disposición». El juez Hurtado le ha resaltado que la impresión que se puede tener leyendo su teléfono es que hubo una «actuación coordinada», a lo que ella ha contestado que «en absoluto» existe ningún pacto. El comentario «a su disposición» tenía que ver con la renovación en su cargo de jefa que entre los días 7 y 8 de marzo que se celebró el Consejo Fiscal le concretaron.
Correo
Asimismo, Rodríguez ha incidido en el acceso a los correos. En ese caso, ha expresado que fueron 60 personas las que pudieron leerlo, según han reconocido hasta cuatro periodistas distintos en sede judicial, antes de la noche del 13 de marzo, que fue cuando tuvo acceso el propio García Ortiz y ella.
Rodríguez ha detallado que hasta 12 fiscales y 4 funcionarios de Delitos Económicos tuvieron acceso al email. Es papel estuvo encima de su mesa durante 20 horas en un despacho «que no se cierra con llave». En esa planta de la Fiscalía Provincial hay 21 fiscales y 11 funcioanrios, ha dicho. También está el Teniente Fiscal y su secretaria.
La fiscal provincial fue la persona que la mencionada noche llamó en varias ocasiones al fiscal del caso, Julián Salto, para que le reenviara los correos que había intercambiado con el novio de Ayuso a sus superiores. Se trataba de una dación de cuenta, es decir, un mecanismo que tiene la Fiscalía, un órgano muy jerárquico, para hacer llegar a la cúpula toda la información de algún tema sensible que los fiscales más rasos tengan entre manos.
Dación de cuentas
En su relato, la fiscal ha explicado que ella se limitó a dar cuenta a su jefe, es decir, a García Ortiz de un expediente que sin duda tiene las características para enmarcarse dentro del artículo 25 del Ministerio Fiscal. El fiscal general le pidió los documentos y ella lo único que hizo fue facilitárselos. Ella ni filtró la denuncia, ni filtró los correos, ni filtró la nota de prensa.
Esta es la segunda vez que Rodríguez da su versión ante un juez, si bien la primera fue el pasado mes de junio cuando la causa todavía permanecía en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de la denuncia de González Amador.
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