El juez Juan Carlos Peinado ha admitido a trámite una querella presentada por un ciudadano, Carlos Serrano Suárez, contra cinco miembros de la Brigada Político-Social franquista, a los que acusa de crímenes contra la humanidad por las torturas que sufrió en el año 1975 en la sede de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol -actual sede del Gobierno autonómico en Madrid-.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el mismo que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos por la esposa del presidente de Gobierno, Begoña Gómez ha ordenado ya diligencias y, en concreto, se dirige a Interior para poder conocer la identidad y filiación concreta de los denunciados. Pide los datos que podrían constar de tres personas concretas (Juan B, Agustín C. y Eduardo M.) así como la identificación de dos inspectores que también prestaban servicio en la Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 1975, según el auto al que ha tenido acceso este diario.
Por el momento, la resolución dictada el pasado 22 de enero por el juez peinado se limita a señalar que la sentencia cumple con los requisitos legales para ser admitida y que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de tortura» y da parte de ello a la Fiscalía. Añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido» procedente instruir diligencias previas «y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que apoya a los denunciantes en este tipo de procesos, ha recordado este miércoles que recientemente fueron admitidas otras dos querellas por crímenes contra la humanidad durante la dictadura de Francisco Franco, una de ellas en un Juzgado de Elda (Alicante) por el asesinato de Teófilo del Valle en 1976, en la que entre los querellados figura el que fuera ministro de Relaciones Sindicales de la época, Rodolfo Martín Villa. Además, un Juzgado de Paterna (Valencia) admitió a trámite otra querella por el de Fausto Viana Cañada en 1942.
Investigaciones cerradas
Otras causas similares, sin embargo, han decaído por considerarse los hechos prescritos. Así ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid puso fin al proceso penal interpuesto por Julio Pacheco Yepes por torturas también en 1975. En este proceso se llegó a tomar declaración al querellante y una testigo, siendo aquella la primera vez que víctimas del franquismo declaraban en los juzgados españoles.
La juez terminó cerrando el caso basándose en lo establecido en un auto dictado ese mismo año por el Tribunal Constitucional que cerró definitivamente la vía judicial de otra querella por delitos de tortura durante la dictadura franquista, presentada por Francisco Ventura Losada. Señalaba el órgano de garantías que el articulado Ley de Memoria Democrática es insuficiente para habilitar este tipo de investigaciones y debía prevalecer la doctrina establecida en 2021, cuando se rechazó una pretensión similar del que fue secretario general del PCE y fundador de Izquierda Unidad, Gerardo Iglesias, que intentó en vano que las torturas que sufrió durante sus detenciones durante la dictadura fueran investigadas como delito de lesa humanidad.
