El Gobierno usa su ‘veto presupuestario’ en el Congreso para tumbar leyes del PP que no afectan a las cuentas vigentes

Según trasladan fuentes parlamentarias a EL ESPAÑOL y ha podido corroborar este diario, este rodillo ha afectado ya a seis proposiciones de ley registradas por el PP y a otras cuatro enmiendas presentadas a proyectos de ley del Gobierno.

Por lo tanto, ya son diez las iniciativas bloqueadas por el Gobierno con la conformidad de la Mesa del Congreso, que es la encargada de regular que se cumpla el Reglamento. La Mesa está presidida por Francina Armengol y PSOE y Sumar tienen mayoría.

Según el artículo 134.6 de la Constitución, «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».

Esto se denomina «veto presupuestario» y permite al Gobierno tumbar una iniciativa si considera que aumenta notablemente el gasto o reduce los ingresos de las cuentas públicas. El Ejecutivo tiene que argumentar correctamente el veto y la Mesa controlar que se hace correctamente.

Por ejemplo, es lo que pasó con la alianza del PP y Junts para suspender el impuesto de la producción eléctrica, el pasado mes de diciembre. El Gobierno vetó una enmienda argumentando la caída de ingresos, pero el veto no prosperó porque un diputado socialista de la Mesa de la comisión que la tramitaba se ausentó.

Sin embargo, el derecho a veto del Gobierno no puede ser usado a discreción y la jurisprudencia constitucional (sentencias 34 y 44 de 2018 que crearon doctrina) establece que se puede aplicar sólo cuando afecta a los Presupuestos en vigor. Actualmente, los Presupuestos en vigor son los de 2023 y han sido prorrogados.

Teniendo en cuenta este derecho a veto, el PP está registrando las iniciativas con unas disposiciones finales que intentan deshabilitar la capacidad del Gobierno. En el texto de las leyes, el PP pide que la entrada en vigor de aquellas medidas que supongan un aumento o una disminución de los ingresos se produzca en «el ejercicio presupuestario siguiente».

De esta forma, los populares intentan que el Gobierno no pueda vetar sus normas. Sin embargo, se están encontrando igualmente con el no del Ejecutivo.

Los vetos de Moncloa

Por poner un ejemplo, el Gobierno vetó el pasado mes de noviembre la Ley de Conciliación que presentó el PP a principios de octubre. De esa forma, evitó su tramitación en el Congreso.

En el escrito de disconformidad, el Ejecutivo se pronunció sobre la estrategia del PP de incluir el coste de las medidas en los próximos ejercicios presupuestarios. Alegó que «las modificaciones tributarias despliegan efectos sobre la realidad social y económica desde el momento de su aprobación, independientemente de su fecha de entrada en vigor».

Es decir, el Ejecutivo vetaba la ley argumentando que tendría impacto en «la realidad social», al margen de si realmente repercutía en los Presupuestos vigentes.

También explicaba que había afectación en «decisiones presupuestarias de alcance plurianual, que superan pues la vigencia anual de la ley de Presupuestos», evitando así ceñirse a los que están en vigor.

Otro ejemplo. El Gobierno vetó este mes de enero una proposición de ley relativa a la consideración de Acontecimientos de Excepcional Interés Público para el ejercicio 2025. Dentro de la norma, se buscaba que el centenario de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929, tuviera una serie de beneficios fiscales.

El Gobierno calculó que esos beneficios fiscales supondrían una merma de ingresos entre 2027 y 2029, muy por delante del actual ejercicio presupuestario, y aun así continuó con su veto.

Junto a estas leyes mencionadas, el Ejecutivo también ha vetado dos normas relativas a la consideración del sistema alimentario como sector esencial de la economía, otra para la exención fiscal para personas afectadas por la talidomida y otra proposición de ley de residuos y suelos contaminados.

El PP ha estado presentando recursos ante la Mesa cada vez que se ha topado con el veto del Gobierno, pero no han surtido efecto por la mayoría de PSOE y Sumar. Este diario se ha puesto en contacto con fuentes de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes para preguntar por este asunto y no ha obtenido respuesta.

Bloqueo del Congreso

El PP lleva tiempo denunciando que la Presidencia del Congreso de los Diputados está bloqueando de manera constante sus iniciativas. Esto, sumado a la falta de apoyos del Gobierno para sacar adelante sus propias leyes, está haciendo que la legislatura sea una de las menos prolíficas de la historia.

Al veto presupuestario hay que añadir que actualmente hay 17 proposiciones de ley registradas por los grupos parlamentarios que han visto su periodo de enmiendas ampliado. Esto evita que las iniciativas sigan su trámite y, en el caso de las presentadas por el PSOE o Sumar, se evita que decaigan por falta de apoyos y, en el caso del PP, se evita que se aprueben.

Ocurre lo mismo con las proposiciones de ley que vienen del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. La Cámara Alta está consiguiendo aprobar normas, pero el Congreso no las está tramitando y actualmente hay 16 de estas iniciativas atascadas en la Cámara Baja. En septiembre eran 12 y, desde entonces, han seguido aumentando.

En esta estrategia se ve una clara intención de evitar que prosperen las leyes de la oposición. Según publicó Demócrata hace dos semanas, en lo que va de legislatura sólo siete proposiciones de ley han pasado de la fase de enmiendas y todas tienen una cosa en común: son autoría del PSOE en solitario o del PSOE con sus aliados.