El exCEO de Stellantis, Carlos Tavares, vuelve a escena. Lo hizo en su país, en la CNN Portugal, y lo hizo en la semana decisiva para la industria de la automoción comunitaria, a las puertas de las reuniones para el diálogo estratégico sobre en el sector que comienzan hoy en Bruselas. A juicio del luso, la situación actual que vive el sector responde a una decisión «irracional y poco madura» de los líderes europeos tras haber estallado el ‘dieselgate’ con el grupo Volkswagen.
«Hubo una reacción muy emocional; tomaron una decisión que es un error: imponer una tecnología en lugar de centrar los objetivos en términos de emisiones», resumió en una breve entrevista en su país.
El portugués, que dejó el cargo de CEO de Stellantis a principios del pasado diciembre, cargó también contra la ausencia de «un factor fundamental, que es el estudio de impacto«. «En octubre de 2018, cuando la decisión fue tomada y decidida por el Parlamento Europeo, no había encima de la mesa del Parlamento Europeo un estudio de impacto para explicar en qué manera esa transición tendría consecuencias en el mundo del trabajo y en la dimensión social de la industria del automóvil, lo que es una caricatura en una región del mundo que se considera democrática», resumió.
Tavares, que se había alejado de los posicionamientos de la patronal de fabricantes (ACEA) al considerar que ellos habían invertido y dado pasos para intentar evitar las multas por emisiones de CO2 y para vender más eléctricos, llama ahora a «revisar esa transición de manera más estratégica y progresiva».
«Fue un callejón sin salida y estamos viendo que la búsqueda natural del mercado es del 10% de eléctricos y las reglas que se imponen a los fabricantes es de vender un 20% en 2025 y si no se venden van a pagar una multa que es extremadamente brutal», añadió sobre la normativa CAFE, siglas en inglés para Emisiones de Combustible Medias Corporativas, que establece que las emisiones de dióxido de carbono deben bajar de 115,1 a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE. Aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley.
«Los productores van a tener que hacer sus propias reestructuraciones para hacer frente a esas multas» por la normativa CAFE, aseguró el portugués, que llamó a Bruselas y a la UE a «repensar su estrategia de una manera más pragmática y mucho menos dogmática».
