La emergencia habitacional ha sido uno de los mayores retos para Canarias en los últimos años. Pese a los intentos de los gobiernos centrales, muchas de las propuestas en materia de vivienda han llegado tarde o no han logrado generar un impacto real. Frente a esta situación, el Gobierno de Canarias, desde el inicio de la legislatura, ha priorizado la vivienda como una de las principales políticas públicas, adoptando medidas urgentes y estructurales para afrontar la crisis.

Desde el comienzo de su mandato, el Ejecutivo canario se comprometió a poner a las personas en el centro de su política de vivienda. Las iniciativas impulsadas durante 2024 han sido diversas, incorporando recursos, herramientas y estrategias para transformar la realidad habitacional de las islas.

Una de las acciones más destacadas fue la aprobación, en febrero de 2024, del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Promoción de la Disposición de Inmuebles en el mercado. Este decreto tiene como objetivo principal facilitar la disponibilidad de viviendas, especialmente las protegidas, mediante la simplificación de los trámites burocráticos y la agilización de la construcción o adecuación de edificaciones ya existentes. El mismo, establece medidas para mejorar la disponibilidad de suelo urbanizable, transformando terrenos y edificaciones para su uso habitacional. También contempla la reutilización de edificaciones no terminadas y la adecuación de las normas para facilitar la construcción de viviendas protegidas.

Además de este conjunto de medidas urgentes, el Gobierno de Canarias ha implementado varias iniciativas que ahora están siendo replicadas a nivel estatal, lo que demuestra la proactividad de la comunidad autónoma en la búsqueda de soluciones para la crisis habitacional y en lo que se ha tildado de “modo canario”, con grandes resultados.

Edificio de viviendas públicas terminado en el barrio de El Cristo, Ingenio / LP / ED

Medidas de apoyo a los ciudadanos: Deducciones y ayudas económicas

El Gobierno canario ha incrementado las deducciones fiscales para los ciudadanos con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Dentro de los presupuestos de 2025 se incluyen deducciones en el IRPF para la adquisición de vivienda habitual y para el arrendamiento, con un enfoque especial en los menores de 40 años. Estas deducciones, que pueden alcanzar los 330 euros anuales para la compra de vivienda y hasta 800 euros para los arrendatarios menores de 40 años o mayores de 75, buscan aliviar el coste de la vivienda para un segmento de la población vulnerable.

El Bono de Alquiler Joven, con un presupuesto superior a los 21 millones de euros, es otra de las medidas clave. Este programa concede una ayuda mensual de 250 euros durante 24 meses a los jóvenes, beneficiando hasta la fecha a más de 3.700 personas. Además, se ha destinado una financiación histórica de 37,4 millones de euros para el Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda, que ha cubierto las necesidades de más de 8.000 solicitantes en lo que va de 2024.

Otro de los avances destacados es el programa de Hipoteca Joven Canaria, que permitirá a los jóvenes de entre 18 y 40 años financiar hasta el 95% del valor de una vivienda, superando el habitual límite del 80% impuesto por las entidades financieras. Esta iniciativa, que amplía significativamente el acceso a la propiedad, está dirigida a facilitar la adquisición de la primera vivienda por parte de los jóvenes canarios.

Además, el Gobierno de Canarias trabaja en una serie de medidas innovadoras como el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas y la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) para permitir que los recursos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se destinen a la construcción de viviendas para el alquiler asequible. Esta medida tiene el potencial de desbloquear una inversión estimada de 2.000 millones de euros, que podría ser clave para generar un stock de viviendas destinadas al alquiler social.

Terminando una de las estructuras en La Orotava.

Terminando una de las estructuras en La Orotava. / LP / ED

Medidas estructurales: Transformación y cooperación

Dentro de las reformas estructurales, destaca el desarrollo de un nuevo decreto ley que contempla la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. Además, el Ejecutivo ha apostado por la transformación de suelo terciario en suelo residencial, lo que contribuirá a aumentar la oferta de suelo para la edificación de viviendas.

El fomento del régimen de cooperativas de vivienda es otro de los pilares de la estrategia, con la firma de un convenio con entidades financieras para promover esta modalidad, que se considera una vía alternativa para acceder a la propiedad y al alquiler de viviendas a precios más asequibles. Este programa ya se empezó a trabajar en septiembre de 2024, posicionando a Canarias como pionera en este tipo de iniciativas en el ámbito estatal.

El compromiso con la despoblación del medio rural se refleja también en las medidas impulsadas para la rehabilitación de viviendas en municipios con menos de 20.000 habitantes. Asimismo, el Gobierno de Canarias ha lanzado un programa destinado a fomentar el cohousing y las viviendas colaborativas.

De cara a 2025, el Ejecutivo autonómico ya ha anunciado nuevas medidas, como la continuación del programa de Hipoteca Joven Canaria, que permitirá a los jóvenes financiar hasta el 95% del valor de la vivienda. También se explorarán mecanismos para activar el mercado de viviendas vacías mediante garantías para los propietarios, incentivando el alquiler de estos inmuebles.

Proyecto de viviendas protegidas en Caideros de Gáldar.

Proyecto de viviendas protegidas en Caideros de Gáldar. / LP / ED

Los riesgos de limitar los precios del alquiler en Canarias

Un estudio de la Propiedad Urbana de Barcelona desmonta la declaración de zonas tensionadas como la opción más efectiva

En los últimos años, el mercado de la vivienda en Canarias, al igual que en otras partes de España, ha estado marcado por una creciente presión sobre la oferta y una escalada de precios. Ante esta situación, las administraciones públicas han comenzado a aplicar diversas medidas para intentar mitigar los efectos negativos, como el Gobierno de Canarias, que ha situado desde el primer momento a las personas en el centro de las políticas públicas. Sin embargo, el análisis de medidas similares en otras comunidades, como Cataluña, pone en evidencia algunos de los efectos no deseados de estas intervenciones.

Recientemente, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona presentó un informe sobre los resultados de la limitación de precios en el mercado de alquiler en Cataluña, que arroja importantes conclusiones. Una de las principales es la caída de la oferta de viviendas en alquiler. En Barcelona, la nueva contratación de arrendamientos ha disminuido de manera significativa, con una caída del 23% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, y un descenso aún mayor, del 36%, respecto a 2019. Esta contracción en la oferta responde a la decisión de muchos propietarios de abandonar el mercado debido a la regulación restrictiva que limita la rentabilidad de sus inmuebles.

A pesar de esta caída de la oferta, el informe también destaca que los precios han experimentado una ligera disminución, del 5,2% en el segundo trimestre de 2024, pero este ajuste ha sido más significativo en los tramos más altos del mercado. Las viviendas de alquiler más caras han experimentado una mayor caída de precios, mientras que no se ha logrado una mejora sustancial en la accesibilidad para las rentas más bajas. Este desajuste pone en evidencia que, lejos de beneficiar a los sectores más vulnerables, las políticas de control de precios pueden estar exacerbando la escasez de viviendas asequibles.

Además, las medidas de limitación de precios han generado un desincentivo a la inversión y la rehabilitación. La incertidumbre jurídica y el control de precios han creado un entorno que no favorece la construcción o renovación de viviendas, lo que limita aún más la oferta disponible para los sectores con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

Proyecto ARRU de Los Príncipes en Los Realejos.

Proyecto ARRU de Los Príncipes en Los Realejos. / LP / ED

Los casos de Santa Cruz y Las Palmas

Un análisis similar realizado en Santa Cruz de Tenerife destaca también los riesgos asociados con la declaración de zonas tensionadas en Canarias. Aunque el informe municipal señala la existencia de un «especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda», se rechaza la propuesta de declarar a la ciudad como una zona de mercado residencial tensionado. Según el estudio, la implementación de medidas como la limitación de precios en los arrendamientos podría generar nuevos problemas de accesibilidad, reduciendo aún más la oferta disponible y aumentando la demanda insatisfecha.

La reflexión subyacente es clara: las administraciones que apoyan estas medidas están trasladando la presión sobre los ciudadanos al intentar resolver el problema a través de la intervención en los precios de alquiler, en lugar de asumir la responsabilidad de encontrar soluciones estructurales. A pesar de que existen mecanismos que podrían aliviar la situación, como los contenidos en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno, muchas administraciones locales han optado por no aplicarlos.

Un ejemplo claro es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que, tras la publicación del decreto, decidió inaplicar varios de sus artículos clave. Estos artículos contemplaban la recalificación de locales y oficinas para convertirlos en viviendas, con la obligación de destinar al menos el 50% de estas nuevas unidades a vivienda protegida. Sin embargo, el consistorio ha vetado esta medida, lo que ha impedido que muchos inmuebles vacíos se reutilicen para cubrir la creciente demanda de vivienda. Además, el municipio no ha acelerado la cesión de suelo dotacional para la construcción de vivienda pública, lo que ha ralentizado aún más la respuesta institucional ante la crisis habitacional.

Por otro lado, se ha permitido la rehabilitación de hogares para destinarlos al alquiler vacacional, una medida que contribuye a la sobreoferta en un mercado turístico que compite con las necesidades de los residentes locales.

El análisis del Departamento de Vivienda del Gobierno canario es claro: limitar los precios y aplicar medidas restrictivas sin atacar las causas estructurales no resolverá la crisis. Canarias, con su Decreto Ley de Medidas Urgentes, ofrece una hoja de ruta transformadora, pero requiere del compromiso de los municipios para que estas soluciones se materialicen.

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