El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha pedido a la Presidencia del Gobierno a que «a la mayor brevedad» posible le informe sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero en esa institución, los contratos laborales firmados, su fecha de inicio y final, y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral. Así se establece en un auto dictado por la jueza Beatriz Biedma, respecto a Luis Carrero, trabajador de la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez, y que trabajó previamente en La Moncloa.
Además, la jueza también ordena preguntar al Teatro Real de Madrid si David Sánchez Pérez-Castejón «ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha institución», así como si ha ocupado u ocupa algún tipo de cargo en cualquier órgano, y que en su caso, aporte las remuneraciones que le hayan sido abonadas y si existen acuerdos o cualquier tipo de convenio entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad.
En este auto, también se cita a declarar como testigos que era coordinador de Podemos Extremadura en 2017, Álvaro Jaén, que el 3 de julio de ese año denunció en rueda de prensa la creación del Puesto de Alta Dirección objetivo de este caso, así como del representante de CSIF Francisco Serrano, quien opuso a la creación de la plaza en la Mesa de Negociación que tuvo lugar el 26 de octubre de 2016.
Ambos han sido citados a declarar en calidad de testigos el próximo 14 de febrero, a las 9,30 horas en el caso de Álvaro Jaén, y a las 10,00 horas, Francisco Serrano.
Finalmente, la jueza titular requiere a la Diputación de Badajoz para que aporte «a la mayor brevedad posible», toda la documentación relativa al procedimiento de creación y provisión de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música.
También pide las actas de las denominadas ‘Reuniones de Presupuestos’, que «al parecer tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 en la localidad de Valdivia», y pide los informes «periódicos o puntuales» sobre el grado de consecución de los objetivos programados y planes de actuaciones, así como de «cuantas actividades sean realizadas» emitidos por David Sánchez desde el inicio de su actividad en la Diputación de Badajoz hasta hoy.
Rechaza los recursos
Además, el auto establece que «no proceden los sobreseimientos solicitados» por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y cinco investigados en este caso, ya que según señala la jueza, «no nos encontramos en el momento procesal oportuno para determinar si proceden los sobreseimientos solicitados».
Añade que este auto establece una serie de diligencias de investigación, de las que «además puede surgir la necesidad de ulteriores», por lo que será cuando se practiquen todas ellas cuando y se valoren en su conjunto cuando «se decida si procede o no la continuación del procedimiento y contra cuáles investigados en concreto», establece el auto.
Además, y con dicha finalidad, los letrados de los investigados tienen derecho a intervenir en todas las diligencias de investigación que se practiquen en defensa de los intereses de sus clientes, señala. No procede, dice, la deducción de testimonio por delito de desobediencia, sin perjuicio de que la propia parte que entienda lesionados sus derechos interponga las correspondientes reclamaciones, demandas o denuncias contra las personas que considere responsables de las filtraciones.
