La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, del pasado 20 de enero, según la cual se acordaba la práctica de diligencias tendentes a investigar los procesos de creación y adjudicación de los puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Badajoz ocupados por los colaboradores de su defendido. Se trata de Ángel Seco López y Luis Carrero Pérez, así como de Javier González Pereria (en este caso para el Proyecto Ópera Joven). Todos son empleados de la institución provincial y trabajan o han trabajado con David Sánchez en la oficina de Artes Escénicas. En el caso de Luis Carrero se da la circunstancia de que, durante uno de los interrogatorios realizados el 17 de enero salió a colación un correo electrónico, con fecha 9 de julio de 2022, en el que éste se dirigía al hermano de Pedro Sánchez como «querido hermanito» y trataba con él varios asuntos de tipo profesional “a la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana”. Carrero trabaja en ese momento en el complejo de La Moncloa en Madrid.
La defensa, ejercida por el abogado Emilio Cortés, entiende que existe “un déficit palmario de motivación” en la providencia de la jueza Beatriz Biedma en lo relativo a la concreción de los indicios que justificarían “lo que viene a ser de facto una evidente ampliación de los contornos de la investigación”. Para él, la simple existencia de correos electrónicos cruzados entre David Sánchez y sus colaboradores “en modo alguno alcanzan el carácter de indicio, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, por lo que vuelve a asomar la sombra del carácter prospectivo” del curso de estas actuaciones “por la inconsistencia y labilidad de los datos incriminatorios”.
Según el recurso de reforma presentado el pasado 27 de enero, se solicita la nulidad de la providencia firmada por la jueza dado que, en opinión de la defensa, genera indefensión en los investigados al verse “potencialmente expandidos sobre ellos los títulos de imputación sin sometimiento a las concretas reglas que ordenan el discurrir desde el prisma de la invasión de derechos fundamentales y libertades públicas”.
La defensa hace constar que ni siquiera se menciona cuál es el contenido material de los mensajes cruzados entre David Sánchez y sus colaboradores ni su concreción, “desconociéndose cuál puede ser la conexión racional entre su emisión y el objeto de esta causa”. En el escrito el abogado hace constar que es exigible que se exprese con rigurosa motivación en qué radica “el cariz criminal que se le otorga a la correspondencia (…) que ni siquiera encontró encaje en el atestado policial derivado del análisis de la misma”. Se refiere a la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando se incautaron miles de correos electrónicos de empleados y directivos de la Diputación de Badajoz.
Desde su punto de vista, todo comparece como una prolongación del auto de incautación de correos del 9 de julio del año pasado, por lo que, en suma, “se terminan desconociendo las razones que justifican la investigación de estos particulares; ni entonces, ni ahora”. En el escrito se señala que nuestro ordenamiento jurídico “no tolera las causas generales, de manera que cualquier hecho accesorio generado en el desarrollo de la instrucción merezca per se tratamiento indagatorio”.
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