Mucho se ha hablado en estos días del interrogatorio realizado por una juez en un mediático caso de agresiones sexuales. Toda España ha podido ver, más veces de las que hubiera querido, las imágenes de las declaraciones de víctima e investigado en unas grabaciones que jamás deberían haberse hecho públicas. Y no por cuestiones éticas o morales sino, simple y llanamente, porque lo prohíbe la ley. Durante la instrucción rige el principio de reserva de las actuaciones, mientras que la fase de juicio oral es pública. Por eso, esa misma ley prevé, en los casos en que sea preciso y como excepción a la regla, la celebración del juicio a puerta cerrada, mientras que no lo hace en las declaraciones, porque en estas es la regla general. De modo que es muy grave que estas grabaciones hayan trascendido. Pero no es lo único grave, desde luego.
Filtraciones aparte, la difusión de los interrogatorios ha hecho evidente la existencia de un modo de interrogar que, cuanto menos, poco ayuda a la víctima, a quien nos debemos. La ley de Enjuiciamiento Criminal ya decía, desde antiguo, que las preguntas no pueden ser capciosas ni sugestivas y esta y otras leyes prevén que los interrogatorios se hagan permitiendo a la víctima relatar lo ocurrido, sin interrupciones ni apremios y, desde luego, sin preguntas sobre su intimidad o su vida más allá de los hechos denunciados. No hay más que ver esas imágenes para concluir que quedan bastante lejos de lo que dice la ley. Y algo de eso hará cuando el propio Consejo General del Poder Judicial ha decidido, tras más de 900 quejas, incoar expediente al respecto.
Pero, además del trato a esa victima en concreto, hay dos cosas que me preocupan especialmente en esta historia. Por un lado, el efecto que esa manera de tratar a la víctima pueda tener en aquellas que, hoy o en el futuro, se vieran en semejante trance. Y es que es difícil seguir insistiendo a las mujeres para que denuncien cuando sufran una agresión sexual si la manera de tratarla es esa. Cualquiera se lo pensaría mucho si ha de pasar un interrogatorio como ese. Y esto es especialmente grave en un sistema como el nuestro en el que la denuncia de la víctima -salvo contadas excepciones en que pude denunciar el Ministerio Fiscal- es imprescindible para perseguir los delitos sexuales.
La otra cuestión que me preocupa es la relativa a la imagen que se está dando de todas y todos los profesionales que vestimos toga. Después de muchos años de experiencia, puedo afirmar que lo ocurrido no es la regla, es la excepción y que, a pesar de que la ley no lo pone fácil, son numerosas las togas amables con las víctimas. Pero esto no basta, desde luego. Ni usa sola víctima debería pasar por algo así. Nunca.
SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)
