- Un acuerdo en el cajón
- Una transferencia íntegra
- Sin tiempo
El Gobierno acelera la transferencia de competencias a Cataluña para convencer a Junts de que vote a favor del decreto ómnibus. Moncloa ya trabaja en una propuesta que esquive los visos de inconstitucionalidad que han detectado en el planteamiento de los independentistas. El partido liderado por Carles Puigdemont exigió una el control “íntegro” de la inmigración, una petición que en el Ejecutivo consideran inconstitucional.
Sin los votos de Junts, el decreto ómnibus volverá a caer, y los socialistas están seguros de que la llave para amarrar el “sí” de los siete diputados independentistas es acelerar en la transferencia migratoria que se acordó en el pacto de investidura.
Un acuerdo en el cajón
El principal reto del Gobierno pasa por encajar la petición de Junts dentro de la Carta Magna. Tras la irrupción de Aliança Catalana —que mantiene postulados cercanos a Vox en materia migratoria—, los independentistas trataron de movilizarse para no perder al electorado más a la derecha.
Este cambio de rumbo llevó a los de Puigdemont a exigir las competencias en inmigración para hacer presidente a Pedro Sánchez. El Partido Socialista aceptó, pero la medida lleva meses en el cajón, sin avance alguno.
Junts reclama que se ejecute cuanto antes y es uno de los puntos acordados que los independentistas dan por incumplido y que les ha llevado a presentar la PNL sobre la moción de confianza.
Una transferencia íntegra
El Ejecutivo no ha querido mover ficha porque admite que habrá muchos roces en las negociaciones. El planteamiento de Junts es inconstitucional, según fuentes gubernamentales, y debe plantear una transferencia moderada y medida quirúrgicamente para no infringir la Carta Magna.
Según el segundo apartado del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva” en todo lo referente a “nacionalidad, inmigración, emigración y derecho de asilo”.
Pero los independentistas quieren el 100% de las competencias. En Moncloa consideran que es una propuesta de máximos que podrán modular para permitirles regular parte de la migración. La línea roja está en las fronteras, según resumen a Confidencial Digital fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno no puede ceder competencias en la frontera con Francia, porque se trata de la entrada a España. Sí planea dar más importancia a los Mossos, pero la decisión última en las zonas colindantes con otro Estado las debe asumir el Gobierno central.
Sin tiempo
El Ejecutivo ha desempolvado este compromiso para desencallar la votación del decreto ómnibus. El pasado miércoles, el “no” de Junts desequilibró la mayoría de investidura a favor del Partido Popular y Vox, y la iniciativa decayó.
En el paquete de medidas se incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja de los abonos transporte. La oposición se compromete a votar a favor de estas medidas si las presenta por separado, aunque solo se ha opuesto al palacete concedido al PNV en Francia, que perteneció al Gobierno vasco en el exilio durante la dictadura —expoliado por las SS nazis y el Gobierno franquista después—.
El Ejecutivo, de momento, se niega a ceder y asegura que volverá a aprobar el decreto, tal y como fue rechazado la semana pasada. Sin cambiar ni una coma. Y espera que la transferencia en inmigración haga a Junts reevaluar su postura.
