La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado que convoca una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, «ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario».
Desde CSIF valoran «el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas». Consideran que este nuevo movimiento «se debe gracias a la presión de nuestra organización, trasladando el sentir de miles de mutualistas y sus familias, que han visto comprometida su atención sanitaria«.
Por este motivo, CSIF ha decidido mantener las medidas de presión hasta que conozcan «un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de nuestros mutualistas«. La convocatoria de huelga afecta a más de medio millón de personal funcionario de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. JUPOL, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, apoya la convocatoria de CSIF.
Concentración
Además, durante la jornada de huelga convocará una concentración para que todos los ciudadanos puedan sumarse a la protesta. Desde este momento, informa el sindicato, los delegados sindicales convocarán asambleas informativas en los centros de trabajo. CSIF lamenta «el perjuicio que -con motivo del paro-se pueda generar sobre los ciudadanos, pero nos hemos visto obligados a elevar el tono de la protesta por los graves perjuicios generados sobre los mutualistas y sus familias, dado que se está jugando con su salud».
El sindicato recuerda que a diario les siguen llegando «centenares de quejas por anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, debido a esta falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras. Por esto, CSIF ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.
El informe de la AIReF
De manera paralela, el sindicato asegura que ha intensificado estos días la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros, responsabilidad. Actualmente, está asesorando a las personas afectadas por esta situación para que eleven su queja tanto a Muface como a las aseguradoras y en su caso, les respaldará en las acciones jurídicas que correspondan, en la vía administrativa, civil o penal.
Asimismo, emplaza al Gobierno «a que aborde esta cuestión ya sin más dilaciones -espera que este sea el último de los plazos- y con transparencia. CSIF exige «la convocatoria inmediata» del Consejo General de Muface para analizar la situación, que publique el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia del sistema de mutualidades, y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno «tampoco ha hecho público».
