En un caso que ha generado controversia en Girona, un conductor fue sancionado por un radar cerca de Salt, a las afueras de la ciudad, a una velocidad de 71 km/h, cuando el límite permitido en la carretera era de 50 km/h. La multa inicial ascendía a 300 euros, pero la historia dio un giro inesperado: tras una serie de errores administrativos, el afectado terminó enfrentando una sanción de 1.000 euros, casi un año después de la infracción.
El incidente ocurrió en agosto de 2023, cuando el radar de la zona detectó al conductor superando el límite de velocidad en 21 km/h. Según la normativa, si la multa se pagaba en los primeros 20 días, el importe se reducía a la mitad. Sin embargo, el afectado nunca recibió la notificación de la infracción en su domicilio. Fue solo un año después cuando se enteró de la multa, pero ya no podía beneficiarse de la reducción.
El motivo de este retraso y del aumento en la cantidad a pagar se debió a que la administración encargada de gestionar las sanciones, Xaloc, no tenía actualizada la dirección del conductor en su base de datos. Por su parte, Xaloc asegura que envió la multa a la dirección que constaba en la Dirección General de Tráfico (DGT), y que, por ley, los ciudadanos tienen la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
El afectado no tardó en expresar su frustración, asegurando que, a pesar de haber cambiado de residencia, la multa llegó a la casa de sus padres, donde ya no vivía. En su opinión, esta situación demuestra un fallo en el sistema y, además, señala que no es justo que “se estén aprovechando de estos descuidos para ir cobrando dinero”.
Un sistema burocrático y confuso
A pesar de que las normativas son claras, el caso se complica por un factor adicional: el requerimiento de identificación del conductor. Aunque el Servicio Catalán de Tráfico no exige identificar al conductor en el caso de que el vehículo esté registrado a su nombre, Xaloc sigue un protocolo más estricto y, en todas las infracciones, sin excepción de estacionamiento, solicita la identificación del conductor al momento de la infracción. En este caso, el conductor no respondió al requerimiento, lo que incrementó aún más la multa.
El procedimiento que sigue la administración para notificar las multas parece simple: primero se envía el aviso por correo certificado. Si el destinatario no lo recibe, se realiza un segundo intento y, si aún no hay respuesta, el tercero es enviado por correo ordinario y publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE). La presidenta de Xaloc, Inma Muñoz, admitió en el programa de radio que son conscientes de que mucha gente no consulta el BOE, lo que añade una capa de dificultad para los conductores que, como el afectado, no han recibido correctamente la notificación.
La situación también ha generado críticas desde organizaciones como Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que llevan años denunciando el “erróneo criterio sancionador” del Servicio Catalán de Tráfico. Según cálculos de la AEA, en los últimos tres años, cerca de 100.000 multas podrían haberse impuesto con importes superiores a los establecidos por la Ley de Seguridad Vial. Este exceso en las sanciones ha sido interpretado como una estrategia para generar ingresos adicionales a costa de los conductores.
Este caso de Girona pone de relieve las grietas de un sistema que, aunque esté diseñado para velar por la seguridad vial, en ocasiones resulta ineficaz, confuso y hasta injusto. Si bien la normativa obliga a los conductores a comunicar su cambio de domicilio, el caso del conductor afectado plantea un debate sobre si las administraciones están realmente haciendo todo lo posible para facilitar el cumplimiento de la ley.
Un radar le multa en Girona
El incidente también evidencia la desconfianza creciente en las prácticas de recaudación y en el exceso de burocracia que a menudo perjudica a los ciudadanos más que protegerlos.
A medida que se modernizan las tecnologías de control de velocidad, se debe poner especial atención en que las notificaciones lleguen de forma rápida y eficiente, sin sorpresas que terminen costando mucho más de lo que el infractor originalmente debía.
