En solo tres días, la imagen de la toma de posesión de Trump en presencia de la cúpula del lobby de las grandes tecnológicas (Marc Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, de Google, y Elon Musk) y el discurso del presidente español, Pedro Sánchez, en el Foro económico de Davos pidiendo más controles en las redes sociales, han resumido la encrucijada donde se han acabado por encontrar el nuevo paradigma digital y los pilares de la vieja democracia occidental. Lo que Sánchez anunció que llevará a la UE es un paso más, aunque un salto cualitativo, a las normativa comunitarias puestas en marcha en los últimos años (2022-2024) para regular el funcionamiento de estas empresas, en concreto el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) y la ley de Mercados Digitales (DMA). España pide ahora, más allá del control que ya pueden aplicar los tribunales europeos, la exigencia de un registro a los usuarios de estas plataformas que evite el anonimato y que los empresarios «sean personalmente responsables de lo que pasa en sus redes». «Igual que el dueño de un restaurante es responsable si se envenenan sus clientes, los dueños de las redes deben ser responsables si envenenan el debate público», ejemplificó Sánchez. Tras este pulso, analizan los expertos consultados por este periódico, se esconde una confusión entre la libertad de expresión y el derecho a la información y una difícil pero necesaria remodelación de un ecosistema, el digital, cuya construcción se ha basado, precisamente, en la falta de responsabilidad o el anonimato, como defiende, para Estados Unidos, la famosa Sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones, que da inmunidad a las plataformas ante el contenido publicado por los usuarios. «Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información», dice la norma, que en los últimos años ha permitido a Google o a X (cuando era Twitter) librar varias demandas en los tribunales por incitar al terrorismo al permitir la difusión de determinados mensajes o vídeos.
El constitucionalista Francisco Bastida, catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo y experto en derechos fundamentales, considera que uno de los problemas de base a la hora de controlar las redes es la identificación, errónea, entre libertad de expresión e información. «Escribir en las redes que hubo muertos en el garaje de Paiporta», ejemplifica, «no es ninguna opinión, es una información, y por lo tanto no está protegida por la libertada de expresión». Al revés, sostiene Bastida, la misma Constitución que consagra la libre expresión de la opinión no admite la información mendaz. «La libertad de información se refiere a informaciones veraces, y eso es algo que afecta a la formación de una opinión pública libre, que es la base de la democracia». En el caso de las redes, «los propietarios de las plataformas», razona, «deberían permitir la libertad de expresión y controlar la información para que sea veraz».
Para Bastida no hay duda de que los gigantes tecnológicos que gestionan las grandes redes sociales tienen que tener la responsabilidad de lo que se transmite, como los medios de comunicación serios. «Las normas de la UE van en ese sentido, en que la responsabilidad hay que exigírsela a todo informante». Y con la revolución digital, explica, todo el mundo es virtualmente informante, ya que tiene acceso a los medios de distribución de la información antes reservados a los medios tradicionales. Más allá, Bastida se pregunta y se responde afirmativamente, si cuando un ciudadano informa en las redes está también protegido como un periodista antes cuestiones como la revelación de sus fuentes. «El estatus de informante cabría en las redes sociales, pero también con sus obligaciones», zanja.
Mientras el constitucionalista Bastida considera que las grandes redes sociales, una vez que su alcance ha crecido tanto, se han convertido en medios de comunicación y se les debe exigir lo mismo, el catedrático en Derecho Administrativo Alejandro Huergo, experto en datos, considera que «no son lo mismo». «Aunque muchos los utilicen para satisfacer sus necesidades de información, de la misma manera que otros utilizan el Whatsapp, no es un medio de comunicación tradicional». Huergo insiste, no obstante, en que hace falta más información y pedagogía respecto al uso de estas tecnologías antes de establecer restricciones. «No se trata tanto de prohibir o limitar como de que la gente se dé cuenta de la falta de garantías de los contenidos que se reciben a través de las redes, tanto la información como el conocimiento. Muchas veces se benefician de la credulidad o confianza que genera la letra impresa, sin reparar en esa falta de garantías», argumenta.
Sobre las pretensiones de Sánchez de exigir registro a los usuarios y responsabilidad a los empresarios, el catedrático de Administrativo se muestra incrédulo, dada la propia naturaleza de estos nuevos canales. «En realidad eso supondría modificar la naturaleza de la economía de internet, que está sustentada en la sección 230», explica. «Eso ha generado un montón de dinero y esas empresas se han ido defendiendo de las distintas personas que en cada momento se han visto perjudicadas por ellos. El propio Trump pidió acabar con su inmunidad, igual que ahora lo pide Sánchez». En todo caso, Huergo apunta a los procesos judiciales que ya se están celebrando en Estados Unidos (González vs. Google, Twitter, Inc. vs. Taamneh) que si bien por ahora han permitido ir librando a las grandes tecnológicas podrían acabar con esa inmunidad. «Esos pleitos intentan romper esa falta de responsabilidad por la vía judicial, en procesos contra las grandes tecnológicas por personas que se suicidaron después de haber visto determinados contenidos, y eso a lo mejor acaba cambiando».
El paso intermedio, explica el catedrático de Administrativo, es la moderación de contenidos, algo en lo que Meta (Zuckerberg) ha empezado a recular con el inicio de la nueva era Trump. «Es hacerse un poco responsables, y el derecho de la UE también lo exige así». En esa visión comunitaria del problema, Huergo también matiza que el «mundo sin ley» que era internet no lo es hoy tanto, y si alguien insulta o propaga un delito se le puede identificar por orden judicial, «se puede saber quién está detrás». En cambio, se muestra contrario a romper el anonimato totalmente. «Que la gente vaya con nombre y apellidos por delante privaría de gran parte de su atractivo a las redes y entrañaría, además, un problema de protección de datos que ya hay».
Huergo aporta una última reflexión extraída de la comparación entre las distintas respuestas de Europa y EE UU ante parecidos problemas. «Viendo las polémicas de Europa con X y de EE UU con TikTok se comprueba que, en el fondo, en Europa hay una regulación, una ley de servicios digitales y de mercados digitales que intenta garantizar unos derechos y unas reglas y que requiere una prueba jurídicamente válida para intervenir. Mientras, en Estados Unidos, con TikTok, se ha operado con la lógica geopolítica. Son dos maneras de verlo, la aplicación jurídica de un derecho o tratarlo como a un enemigo».
El escritor y humorista Eduardo Galán, especializado en políticas de cancelación, aporta una visión más drástica ante los problemas de responsabilidad de las redes. Por un lado, es partidario del registro de usuarios: «De acuerdo con que el personal deje sus datos, igual que cuando escribes en un periódico, esa impunidad se tiene que acabar de alguna forma. Tú primero te registras por posibles problemas y luego ya decides si quieres figurar como anónimo». En cuanto a los dueños de las grandes tecnológicas, su juicio es muy severo y llega a desear, para ellos, una nueva revolución francesa que los procese. «Me parece increíble que sigan sin hacerse responsables de lo que pasa en sus casas, como sí lo hacen los medios de comunicación. Los usuarios de las redes sociales no dejan de ser franquiciados suyos, y si, por ejemplo, pasa algo gordo en un local comercial, la marca de la franquicia tiene responsabilidades. Claro». Galán aventura que dentro de cien años se verá esta impunidad «como se ve ahora la de las grandes petroleras». «Influyen en la política mundial, en los estados, los confunden cada vez más con multinacionales y todo eso se tiene que acabar, no podemos quedar en manos de esa gentuza», protesta.
