El envejecimiento poblacional es uno de los mayores logros alcanzados como sociedad en España, pero también supone un reto. Aunque cada vez vivimos más, nos enfrentamos a muchos más casos de dependencia y cronificación de enfermedades con unos recursos bastante limitados. El aumento de la esperanza de vida, que según informes internacionales podría superar los 85 años de media en 2040, abre el debate sobre cómo queremos envejecer. Tanto el Gobierno como la población española apuesta por hacerlo en casa. Pero la realidad es que, a día de hoy, las ayudas públicas para hacerlo con calidad son escasas. Cuando falla la salud y el dinero, la opción de vivir en el hogar propio con dignidad se convierte en irreal.
La estrategia estatal de nuevos modelos de cuidados, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, se marca como objetivo que en el 2030 todas las personas mayores o dependientes puedan ser atendidas en su hogar si así lo quieren. Según varias encuestas, la gran mayoría de la población también prefiere cumplir años en casa, rodeados de sus objetos, de su espacio, con sus vecinas y en su barrio, antes que irse a vivir a una residencia. La cuestión es que, para que eso se consiga, se necesita un presupuesto para una ayuda profesional a domicilio que hoy por hoy es insuficiente.
El Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) 2023, publicado en julio de 2024 por la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, daba cifras que ilustraban bastante bien el panorama actual. La intensidad media de ayuda a domicilio que se ofrece como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia es de 33,6 horas/mes en España.
Ayudas insuficientes
Son 15,3 horas para los dependientes Grado I; 37,1 para los Grado II; y 57,3 para los Grado III. Es decir, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para este último grupo que, según se indica en la propia Ley de promoción de la autonomía personal, está formado por personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de vida diaria varias veces al día.
«Es importante destacar que estamos hablando de un servicio público, que implica que la gestión se realiza en más de un 90% bajo el marco de contratos públicos, definidos y financiados por las administraciones», explica Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE).
En su opinión, el sector de la dependencia se enfrenta a varios problemas que están cronificados. El principal, y que está relacionado con todos los demás, es una» insuficiente financiación». El segundo es la rigidez de los contratos por la normativa actual. Y, por último, la falta de personal. Todas estas razones son el motivo por el que la ayuda a domicilia se queda ridícula para muchísimas familias.
Reproches entre administraciones
Ante esta situación, el reparto de responsabilidades entre las comunidades autónomas y el Gobierno central ha generado un constante cruce de reproches en los últimos años. Mientras las autonomías denuncian una infrafinanciaciónn crónica, el Ejecutivo sostiene que los fondos se distribuyen según criterios objetivos, además de incluir bonificaciones para las regiones que han mejorado la gestión de las listas de espera o la calidad del empleo en los servicios sociales.
Pero los datos reflejan un sistema que aún no alcanza el equilibrio. El objetivo, previsto en la Ley de Dependencia, es que se llegue a una cofinanciación 50/50 entre las administraciones autonómicas y la central del Estado. De momento no se está haciendo.
Desde la recuperación de las prestaciones recortadas en 2013 por el Real Decreto del gobierno de Mariano Rajoy, las comunidades también han tenido que desarrollar nuevos procedimientos para reactivar las ayudas. El resultado ha sido un un cuello de botella administrativo en algunas comunidades que ha agravado los retrasos en las resoluciones. La falta de agilidad en los trámites provoca que, en muchos casos, las personas mueran sin haber recibido las ayudas que, sobre el papel, les corresponden. En 2024, cerca de 36.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, una cada 15 minutos.
Alcanzar el 2% del PIB
En mayo de 2023, el presupuesto para las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) se incrementó en más de 783 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Supuso una cifra récord, pero insuficiente para la magnitud del problema y para alcanzar la meta: desinstitucionalizar los cuidados.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que esperan que la dotación continúe aumentando, aunque no matizan cuánto. «Queremos dotar de recursos al sistema actual y empezar a transicionar al nuevo, que tiene que ver no solo con evitar el modelo de macrorresidencias, sino también de la mejora de quienes cuidan, con una categoría profesional más valorada a nivel laboral, sueldo y formación. La estrategia es muy amplia y necesita financiación», añaden.
Desde ASADE y otras organizaciones reclaman que la financiación de los cuidados de larga duración llegue al 2% del PIB, como ocurre en otros países europeos. El muro principal ahora, indica Derechos Sociales, son los presupuestos. 2025 ha empezado con los presupuestos de 2023 prorrogados y todo indica que seguirá así. Sin dinero suficiente, la idea de cambiar el modelo asistencialista para que los cuidados se hagan en las casas se ve utópica. El cambio de paradigma total, como aseguran todos los agentes involucrados en la dependencia, necesita mucho presupuesto.
Una de cada cinco personas en España tiene más de 65 años. Son más de nueve millones, el 19% de toda la población. Las proyecciones que elabora el Instituto Nacional de Estadística esperan que el porcentaje de mayores aumente todavía más en los próximos años. Y de forma considerable. Hablan de que, en 2039, la población de 80 y más años crecerá en un 47,5%, pasando de cerca de tres millones en 2024 a 4,35. Los centenarios prácticamente se triplicarán y superarán los 46.000, frente a los casi 17.000 del año anterior. Son cifras que ponen sobre la mesa el que será uno de los clave del país: qué pasará con la dependencia.
