El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha enviado un informe jurídico a la Abogacía del Estado para que inicie las acciones legales pertinentes después de que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) haya recibido 334 quejas por la promoción comercial de la gestación subrogada en diciembre de 2024, una práctica prohibida por ley.
El informe incluye un análisis de las publicaciones de ocho agencias con sede social en España. El documento pone de relieve distintos recursos comunicativos que estos negocios utilizan «para atraer potenciales clientes«.
Hablan de entrevistas en blogs «que disfrazan la violencia que esta práctica supone para la salud de las mujeres». También de la «idealización de las denominadas ‘madres gestantes'».
Críticas de Cristina Hernández
En este sentido, a través de un comunicado, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, señala que «alquilar el vientre de una mujer es una práctica detestable en cualquier sociedad que entienda que los derechos de las mujeres también son derechos humanos.» «Los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan», añade.
En este sentido, Hernández hace referencia al mandato legislativo que otorga al Instituto de las Mujeres la función de velar por un tratamiento no sexista de la imagen las mujeres.
«Nuestro deber es actuar contra este tipo de mensajes, que tienen una alta carga de sexismo, clasismo y racismo. En ellos, además, las mujeres son invisibilizadas y solo son nombradas como potenciales consumidoras de un producto», ha destacado. «No valen eufemismos lingüísticos para esconder una situación de violencia y explotación reproductiva de las mujeres por su situación de vulnerabilidad», ha concluido Hernández.
La directora también agradece «el papel fundamental del movimiento feminista y de una ciudadanía comprometida» que, con sus quejas, ha logrado que el Instituto de las Mujeres haya elaborado este informe.
