La reciente decisión desfavorable en el Congreso sobre la ley ómnibus ha tenido un efecto no menor sobre múltiples regulaciones fiscales y sociales. Una de ellas ha dejado en el aire la vigente aplicación del nuevo tributo sobre líquidos para cigarrillos electrónicos, un cambio normativo que se ve ahora envuelta en incertidumbres y en confusión, tanto para los consumidores como para los fabricantes.
El impuesto sobre los cigarrillos electrónicos queda en el limbo
Un calendario que regresa al punto de partida
El rechazo a la ley ómnibus ha derivado en la pérdida de la suspensión del impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos que se había prorrogado hasta el 1 de abril de 2025. Sin la convalidación del decreto, este tributo vuelve a tener vigencia a partir del 1 de enero de 2025, tal y como ya se reprodujo en la Ley 7/2024.
Los comercios mayoristas y minoristas que tenían previsto adecuar sus productos en función de la prórroga, ven la aplicación súbita del impuesto. Asimismo, los consumidores podrían ver un incremento considerable de los precios de los líquidos, lo que afecta directamente a quienes han optado por el uso de estos dispositivos en sustitución de los cigarrillos.
Consecuencias para fabricantes y distribuidores
El rechazo de la ley, para los fabricantes y distribuidores, también comporta una mayor complejidad administrativa. Empezando por la responsabilidad de declarar los productos que ya están en stock, que pueden no cumplir con la ley, y de cumplir con las nuevas normas fiscales desde enero, lo que muy probablemente desembocará en un colapso para la cadena de suministro. Al no existir un periodo de transición, las empresas quedan expuestas al riesgo de sanciones por incumplimiento.
Cigarrillos electrónicos y su fiscalidad: un escenario más incierto
Impacto en los precios y el consumo
Con un impuesto fijado entre 0,15 euros y 0,20 euros por mililitro de líquido, el precio de venta podría ser un 15% y un 20% más caro. Expertos en políticas fiscales advierten de la posible ineficacia de esta medida si no va acompañada de campañas de salud pública.
Riesgos legales y armonización fiscal
Otra cuestión es cómo se armonizará la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos con el resto de productos de tabaco en España. Las interpretaciones jurídicas de los páises y las de la Unión Europea han apuntado a la conveniencia de homogeneizar el tratamiento, pero la falta de claridad respecto a la forma en la que se va a aplicar la fiscalidad de los e-cigarrillos puede llevar a pleitos en el seno de la empresa y de las administraciones; la incertidumbre de ver si se suspende o se posponen otras iniciativas similares añaden incertidumbre a lo ya expuesto. La falta de estabilidad legislativa puede desincentivar, por otro lado, las futuras inversiones en bienes de mayor seguridad o de mayor sostenibilidad del mercado del vapeo.
Futuro de los cigarrillos electrónicos
La urgencia de una nueva regulación
La situación evidencia la importancia de contar con un marco normativo claro y consensuado. Para dar una mayor claridad a la transición habría que retomar las negociaciones para dar forma a un decreto que contemple un periodo de adaptación razonable. De esta manera beneficiarán no sólo a los actores económicos sino que, tal vez, incluso sirvan para favorecer la aceptación de la medida en la mente del público.
El fracaso de la ley ómnibus no sólo ha limitado la entrada en vigor del impuesto sobre los cigarrillos electrónicos, sino que a dejado a este sector en una situación de incertidumbre. La falta de estabilidad legislativa conduciría a una falta de estabilidad política, la cual podría tener consecuencias sociales y económicas. De ahí que se haya presentado la necesidad de contar con un marco político coordinado y eficaz.
