¿Dice la verdad Miguel V. N., el único encarcelado por el crimen del canónigo emérito de la catedral de València ocurrido hace ahora un año, cuando asegura que él no lo mató, que se limitó a aprovecharse de las tarjetas que le robaron y que el verdadero asesino continúa libre un año después? Es cierto que pocos culpables se reconocen autores de un delito y que, precisamente por eso, podría estar incriminando a un fantasma, pero lo cierto es que su tenacidad a la hora de querer demostrar la existencia de ese hombre, un temporero natural de Colombia, que hace un año vivía en València y cuyo nombre responde a la inicial M., parece un indicador de que sí puede estar diciendo la verdad.
De hecho, aportó desde el principio al grupo de Homicidios de la Policía Nacional tras su detención no solo su número de teléfono, sino también su correo electrónico con el que tiene dada de alta su cuenta de Whatsapp, por ejemplo. Dicho de una manera más directa, si el juzgado quiere puede ordenar a la Policía Nacional que recupere sus wasaps.
Quien sí quiere es, precisamente, el acusado, quien argumenta que ese es el mejor medio para probar que ese temporero existe, que está entre sus contactos y que el día en que el canónigo, Alfonso López Benito, de 81 años, fue asfixiado hasta la muerte en su cama, ese hombre le habló varias veces. Y hizo desde la tarde del 21 de enero, cuando Miguel V. N. seguía en casa de su prima en Torrent y M. le dijo que iba a ir a casa del cura, hasta la noche, cuando, afirma, le pidió que acudiera al piso del Arzobispado donde vivía el sacerdote, en la calle Avellanas, 22, para hacerse cargo de las tarjetas y el teléfono del canónigo emérito.
Dos meses pidiendo lo mismo
Para probar que es cierto, el propio Miguel V. N., a través de su abogado, el penalista valenciano Jorge Carbó, pidió en noviembre al juzgado que oficiara a la Policía para que recuperase esa cuenta de Whatsapp con todo su contenido, alegando que técnicamente era posible ya que la Policía Científica lo había hecho con la cuenta de Whatsapp de la víctima –instalando en un teléfono virgen la aplicación y entrando con su número de teléfono y la cuenta de correo asociada–. También, que accediesen a su tráfico de llamadas y a su agenda telefónica. El juzgado lo autorizó el 3 de diciembre.
Siete días después, el 10, la contestación de la Policía fue, en términos del letrado, «evasiva», ya que no dieron respuesta a lo que solicitaba el juzgado. Se limitaron a explicar que nunca habían tenido acceso al teléfono original del acusado (cierto, «lo perdió o se lo robaron mientras dormía en un banco en la calle» a la noche siguiente del crimen, según recoge el letrado ya en su primera solicitud) y dicen que en el que se le intervino el día que fue detenido (un terminal comprado solo 24 horas antes y, por lo tanto, sin apenas uso) no había Whatsapp.
Sobre el tráfico de llamadas, aluden a un informe de unos meses antes en el que en realidad solo se hace una comparativa para ver coincidencias geográficas a través de las conexiones a las antenas de telefonía en las horas posteriores al crimen de tres móviles: el de la víctima, el del hombre discapacitado con el que tuvo un encuentro sexual pagado la noche antes del asesinato y el de Miguel V. N. Nada se analiza en ese informe, por tanto, sobre la actividad del teléfono (las llamadas) del acusado, que es lo que pedía su defensa, quien busca llegar al teléfono y los mensajes de ese otro segundo presunto implicado.
«No dan respuesta» a lo que ordenó el juzgado
También hace referencia la Policía en su contestación al juzgado a otro informe de la Policía Científica en el que en realidad solo se estudia el patrón de uso del móvil de Alfonso López antes y después de su muerte, así como las conexiones a su router aquella madrugada y las posteriores a wifi públicas para acreditar cómo se iba moviendo por la ciudad quien lo llevaba encima, por lo que no tiene relación con la solicitud hecha por el juzgado el 3 de diciembre, diligencias que nada tienen que ver con lo que ordenaba la providencia de la jueza.
Ante esa respuesta, el letrado pidió de nuevo, el 23 de diciembre, los datos al juzgado, alegando que la Policía no había dado respuesta a su demanda ni había explicado por qué no usaban «la misma operativa con el teléfono de mi cliente que con el de Alfonso López, detallada en el informe de la Policía Científica». Esto es, instalar Whatsapp en un teléfono virgen usando su cuenta de correo y el número de móvil con el que usaba la aplicación en el terminal desaparecido.
A esa segunda demanda, la jueza respondió que la Policía ya había contestado. Sin más explicaciones. Así que la defensa ha optado por reiterar la petición por tercera vez, pero en forma de recurso de reforma. El abogado esgrime que, dado que la Policía «no da respuesta a lo requerido por el juzgado», se ve en la obligación de pedirlo por tercera vez y por la vía del recurso.
«Es crucial para el caso»
Y vuelve a reiterar que solo pide que la Policía repita «la operativa seguida para recuperar las conversaciones íntegras del WhatsApp de la víctima, empleando para ello otro terminal vacío, en el que se ha descargado la última copia de seguridad de la aplicación WhatsApp, con todas las conversaciones intactas». Esa acción la llevó a cabo la Policía, sin hacer uso del volcado del terminal sino solo de la copia virtual, para poder saber si alguien había borrado wasaps tras la muerte del dueño del teléfono. Gracias a esa gestión, comprobaron que quien se llevó el teléfono no había borrado ni uno solo de los mensajes del canónigo emérito.
«Desconocemos el motivo por el que la Policía no ha querido o no ha podido rescatar estas conversaciones, pero consideramos que son de crucial interés para el esclarecimiento de los hechos que se investigan», argumenta el letrado de Miguel V. N. Ese recurso fue presentado el pasado 14 de enero y, por ahora, el juzgado aún no se ha pronunciado.
