La alcaldesa de Ripoll y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha perdido la cuestión de confianza que presentó para poder aprobar los presupuestos de este 2025, que fueron rechazados por Junts, ERC, PSC, CUP y la formación independiente Som-hi Ripoll. Estos partidos han votado este jueves en contra de la cuestión de confianza presentada por la misma alcaldesa, lo que abre la puerta ahora a la oposición a presentar una moción de censura y echarla del consistorio en el plazo de un mes. De no ser así, Orriols salvaría su puesto y las cuentas públicas quedarían aprobadas. Se trata de una vía para sacar adelante los presupuestos municipales que otros alcaldes como Ada Colau, Xavier Trias o Jaume Collboni también han usado en Barcelona.
El escenario en Ripoll sigue siendo de incertidumbre. Orriols, que también es diputada en el Parlament, ha constatado que no tiene la confianza de los partidos, pero ahora debe esperar para ver si esto es suficiente para echarla del poder, algo que la edil ha opinado que sería semejable a un «golpe de Estado» durante su intervención en el pleno extraordinario. La oposición tiene 30 días para presentar y aprobar una moción de censuracon un candidato alternativo respaldado por mayoría absoluta, una maniobra que se avecina difícil porque implica un acuerdo mínimo a cuatro bandas. Si Junts, PSC, ERC y CUP no pactan un alcaldable, las cuentas públicas quedarán automáticamente aprobadas y la actual alcaldesa seguirá gobernando.
En este año y medio de mandato, la moción de censura se ha tanteado varias veces, pero las discrepancias entre los partidos de la oposición han hecho que nunca se haya materializado. Esta falta de consenso fuera del gobierno municipal ha motivado a Orriols a descartar la opción de prorrogar los presupuestos vigentes -que ya son de 2023- y arriesgarse a aprobarlos por la vía de la moción de confianza, una jugada de riesgo que podría suponer la pérdida del bastón de mando del consistorio en caso de prosperar un gobierno de coalición.
Los desacuerdos en la oposición
No será fácil. La llegada a la alcaldía de Orriols fue el resultado de una negociación fallida entre las formaciones alternativas. Junts se desmarcó de un posible pacto de gobierno alternativo con ERC, PSC y la CUP, lo que facilitó que Aliança llegara al poder en minoría al ser la lista más votada. La maniobra de los posconvergentes buscaba bloquear la candidatura de la republicana, Chantal Pérez, que contaba con los apoyos de su partido, PSC y la CUP. El grupo posconvergente proponía un gobierno municipal con todos los grupos, a excepción de la CUP, algo que el resto de partidos criticaron y se negaron a apoyar. Por ese motivo, Junts, con su desmarque, impidió la candidatura alternativa y propició la alcaldía de Orriols, un gesto que desde el resto de formaciones se leyó como una ruptura del cordón sanitario a la extrema derecha.
La aritmética en Ripoll sigue siendo la misma que después de las elecciones, por lo que las formaciones que han tumbado la cuestión de confianza de Orriols deberán decidir ahora si apuestan por arrebatarle la alcaldía, lo que implicará trabajar para buscar un candidato que, ahora sí, reúna todas las sensibilidades y evite el desacuerdo que hizo alcaldesa a la edil de ultraderecha. Si no alcanzan un pacto, Orriols continuará como alcaldesa con su gobierno en minoría, pero con los presupuestos al día y la oposición debilitada. De lo contrario, si prospera una candidatura alternativa, el partido de extrema derecha pasará a la oposición.
Las polémicas de Orriols
Durante la actual legislatura, la alcaldesa ha protagonizado diversas polémicas por sus discursos y actuaciones racistas. Desde el consistorio de Ripoll, concretamente, adoptó una dinámica de poner trabas para empadronar a inmigrantes al municipio, tal y como explicó EL PERIÓDICO hace un año. Posteriormente, se jactó durante una entrevista con este medio de no inscribir al registro público municipal a las personas sin hogar o que residen en una vivienda insalubre. Por esta cuestión, que incumple la normativa estatal, la alcaldesa debe rendir cuentas ante una instancia presentada por la Delegación del Gobierno, que pide un informe sobre empadronamientos desestimados en los últimos tres años y sus motivaciones.
