El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adoptando a ritmo vertiginoso en las primeras horas de su presidencia medidas que cumplen promesas centrales de su campaña, acercan al movimiento ultraconservador a metas largamente acariciadas y hacen saltar las alarmas entre defensores de derechos civiles. El martes el mandatario firmó dos órdenes ejecutivas por las que acaba con programas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) en el sector público, revoca esfuerzos de décadas y presiona y amenaza al sector privado para seguir su mismo camino. Horas después, empezó la purga de esos programas y de los funcionarios que se encargaban de ellos.
Junto a otras dos órdenes ejecutivas firmadas el lunes sobre la misma materia, son los cuatro primeros pasos firmes y trascendentales en la determinada cruzada de Trump contra lo ‘woke’, el concepto que inicialmente surgió para subrayar la conciencia ante injusticias históricas, raciales y sociales pero que los conservadores lograron demonizar.
Han atacado y combatido su expansión en las esferas académicas, empresariales o públicas y lo denuncian como «discriminación inversa», «racismo antiblanco» o «ingeniería social» de raza o género . Es una crítica que reiteró el propio Trump el lunes en su discurso de investidura, en el que prometió «forjar una sociedad que no ve el color y se basa en méritos». Y la ha repetido en sus órdenes, donde afirma que se va a «impedir que se reclute a personas en función de su raza, sexo o religión y que no estén dispuestas a defender la Constitución o a servir fielmente al poder ejecutivo». También denuncia que estas políticas inclusivas «dañan la unidad nacional al denegar, desacreditar y minar los tradicionales valores estadounidenses de trabajo duro, excelencia y logro individual a favor de un sistema ilegal corrosivo y pernicioso basado en la identidad«.
La purga
Las dos órdenes del martes, que incluyen una específicamente diseñada para acabar con los programas DEI en la Administración Federal de Aviación, han llegado acompañadas de medidas administrativas concretas. El martes por la noche la Oficina de Gestión de Personal envió a todos los responsables de departamentos y agencias gubernamentales un memorando en el que exigía para las 17.00 horas del miércoles en Washington el cierre de todas las oficinas y programas DEI y poner en baja administrativa pagada a todos sus empleados. Las órdenes de reducir personal para el día 31 dan por garantizado el despido de esos funcionarios.
El memorando urge además a los responsables de departamentos y agencias a interrogar a los funcionarios para asegurarse de que no quedan esfuerzos «encubiertos» con «lenguaje en código o impreciso». Llama, igualmente, a eliminar de agencias y departamentos federales cualquier lenguaje o publicidad de iniciativas DEI y a retirar cualquier documento o directiva que los incluyera y que estuviera pendiente.
El sector privado
Las órdenes de Trump tienen también claros mensajes más allá del sector público. Se asegura, por ejemplo, que se van a combatir «preferencias, mandatos, políticas y programas DEI en el sector privado». Además, se establece que las agencias federales tienen que hacer listas de empresas que cotizan en bolsa, universidades y fundaciones abriendo la puerta a «investigaciones y posibles demandas civiles por sus programas».
Se palpan otras posibles purgas y castigos en las órdenes ejecutivas de Trump, que establecen que se hagan listas de contratistas que han dado formación o materiales de formación DEI a funcionarios públicos, así como de quienes hayan recibido fondos federales para programas, servicios o actividades DEI o DEIA (siglas que incluyen también la integración de personas con discapacidades) desde el 20 de enero de 2021, cuando Biden llegó a la presidencia.
Recientemente, compañías como Meta o McDonald’s han estado retirando o minimizando sus programas DEI en un claro alineamiento con la política del republicano y con su triunfo. Otras lo habían hecho ya antes, en muchos casos bajo la presión social y legal del movimiento conservador. Varias compañías, por ejemplo, fueron demandadas por sus programas de diversidad, igualdad e inclusión por America First Legal, una organización formada por Stephen Miller, asesor y ahora jefe adjunto de gabinete de Trump.
Retroceso de décadas
La cruzada de Trump incluye no solo la revocación de medidas adoptadas por la Administración de Joe Biden sino también de esfuerzos de décadas para fomentar la diversidad y evitar la discriminación, incluyendo la orden ejecutiva de igualdad de oportunidad en el empleo que Lyndon B. Johnson firmó en 1965, dos años después de que Martin Luther King pronunciara su icónico discurso «Yo tengo un sueño», uno después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y poco después de la Ley de Derechos de voto. Los segregacionistas entonces se opusieron a la decisión de Johnson.
El movimiento conservador ha intensificado en los últimos años la lucha contra esas y otras medidas. Logró un triunfo cuando el Tribunal Supremo conservador prohibió la discriminación positiva en las universidades, un precedente que algunas de las empresas esgrimen para poner fin a sus programas. Ahora tienen más fuerza aún con Trump, el «comandante anti-‘woke’ en jefe», en la Casa Blanca.
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