La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es obligatoria desde 2023 en un total de 168 ciudades españolas, según recoge la Ley de Cambio Climático que entró en vigor en 2021. Sin embargo, a día de hoy tan solo una tercera parte de estas urbes ha acatado la norma y tiene en funcionamiento estas zonas, en las que hay restricciones para los vehículos con emisiones. Algunos ayuntamientos se han declarado directamente contrarios a estas ZEB e incumplen deliberadamente la ley.
El problema, según han denunciado varios colectivos y entidades, es que esta norma, pese al avance que supone en la lucha por la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos climáticos europeos, carece de un régimen sancionador. De este modo, los ayuntamientos que deciden hacer oídos sordos a la ley o, directamente, incumplirla, no pueden ser castigados por el Gobierno.
La falta de un régimen sancionador en la ley para casos de incumplimiento impulsa este desinterés
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, de las 168 ciudades que deben implantar ZBE en sus núcleos urbanos, únicamente 51 tienen la norma ya aprobada y en vigor, lo que supone un 31% del total. Existe otro 58% (98 ciudades) que tienen estas figuras en trámite o al menos eso afirman, mientras que otras 19 (11%) tienen los preparativos prácticamente sin empezar o en fase muy atrasada.
Ciudades de España donde deben crearse ZBE / Ministerio para la Transición Ecológica
La Ley de Cambio Climático que aprobó el Gobierno en 2021 obliga a crear estas Zonas de Bajas Emisiones en todas las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, así como a aquellas que, teniendo más de 20.000, presenten problemas de calidad del aire, y también a las que estén en las islas.
Prórroga también incumplida
Aunque, inicialmente, el plazo para tenerlas en marcha terminaba el 1 de enero de 2023, el retraso generalizado que había en tal fecha en toda España llevó a conceder una prórroga de 18 meses más, que también se ha revelado insuficiente para que los municipios cumplan con su obligación legal.
Entidades ecologistas y también partidos políticos han denunciado que no todo es culpa de la falta de voluntad de los ayuntamientos, puesto que la norma que regula la implantación de estas ZBE es considerablemente confusa y poco concreta, lo que impide saber a muchas ciudades cómo han de ser y cómo deben funcionar estas zonas de bajas emisiones. Ello ha llevado a que, en algunos casos, estas ZBE se limiten prácticamente a un mero conjunto de señalizaciones y poco control efectivo, según Ecologistas en Acción.
Zona de bajas emisiones de Madrid / ayuntamiento de Madrid
Por ello, colectivos conservacionistas y sindicatos han impulsado una serie de alegaciones, a través de varios grupos parlamentarios, a la nueva Ley de Movilidad Sostenible que impulsa el Gobierno para que aclare lo que no aclaraba la Ley de Cambio Climático: cómo han de ser las ZBE.
Contacto de la sección de Medio Ambiente: [email protected]
La entidad Clean Cities, que trabaja por la descarbonización de los núcleos urbanos, advierte de que este incumplimiento puede estar poniendo en peligro la llegada de fondos europeos, lo que supondría un varapalo económico para España.
Esta organización alerta de que también se están cometiendo algunas ‘trampas’ por parte de ciudades que han aprobado una ZBE, como es el caso de Sevilla, donde esta zona se ha ubicado en el barrio de la Cartuja, que ya de por sí es un espacio verde y una baja densidad de tráfico, mucho menor al menos que el centro de la capital.
