El Gobierno quiere recuperar la mayor parte posible de las medidas incluidas en el decreto ómnibus que tumbó el Congreso con el rechazo de PP, Vox y Junts. No solo la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte, lo que Carles Puigdemont ya se ha mostrado dispuesto a apoyar si se aprueban en un decreto de forma independiente. Fuentes del Ejecutivo aseguran, en contra de lo trasladado por los posconvergentes, que el decreto ómnibus estaba negociado y “requeteacordado” previamente con la mayoría de investidura. Por ello, consideran que Junts no debería tener “problema” en sacar adelante otras de las medidas incluidas. Tanto económicas, en materia de tributación de autónomos, ayudas a la industria electrointensiva o financiación a comunidades autónomas, como del resto del escudo social. Entre estas últimas destacan la prohibición de desahucios o de cortes de suministros a vulnerables.
Desde el mismo momento en el que decayó el decreto, los socialistas se cuidaron de no romper todos los puentes con Junts y apuntaron sus críticas al PP para descargar la responsabilidad más en Alberto Núñez Feijóo que en Carles Puigdemont. Ahora, se busca reconducir una relación cada vez más deteriorada, pero que es imprescindible. Para recuperar el grueso del escudo social, pero sobre todo para evitar que la legislatura entre en un compás de espera. Sin capacidad de iniciativa del Ejecutivo, la pendiente se irá inclinando hasta desembocar en un inevitable adelanto electoral.
En Moncloa se combinan las llamadas al diálogo y la búsqueda de un nuevo consenso, con la presión de responsabilizar de la bajada de las pensiones y la subida de precios en el transporte a los grupos que votaron en contra de la convalidación del decreto. Pedro Sánchez, eludiendo la mano tendida para renegociar el texto, pedía ayer a los grupos reconsiderar su posición, que tildó de “oposición destructiva”, para dejar la pelota en su tejado. Una presión a la que se suman los socios del arco progresista y que, además de política, es también social.
Este mismo jueves, colectivos de vivienda protestaron frente a la sede de Junts en Barcelona en contra de revertir la prohibición de los desahucios. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han convocado también movilizaciones para este fin de semana. Estos últimos para mostrar su rechazo a la anulación de las medidas del escudo social y reivindicar que el Gobierno apruebe por decreto “un nuevo paquete de medidas”. Precisamente, los socialistas apuestan por salvar la mayor parte posible del contenido del decreto.
Mientras se redobla la presión, se intentan acercar posiciones con Junts con un plazo de dos semanas. El tiempo máximo que se marcan para llevar al Consejo de Ministros un nuevo decreto con garantías de acuerdo. Las órdenes de pago para las pensiones ya están ejecutadas por Hacienda para el mes de enero, por lo que se transferirán con la subida correspondiente al IPC. La bajada se produciría en febrero, lo que otorga cierto margen de maniobra.
Las bonificaciones al transporte decayeron ya, pero no en el caso de los abonos en vigor ya adquiridos y diversas comunidades y capitales están sosteniendo el golpe al tomar la decisión de mantener por ahora las ayudas. A la espera de que el Gobierno mueva ficha para recuperarlas.
Presión de los socios a Puigdemont
En Moncloa repiten que “este Gobierno nunca da un balón por perdido” y cuentan ya con el apoyo del resto de socios que ya votaron a favor del decreto y piden recuperarlo íntegro. Algunos de ellos, como ERC y EH Bildu, elevando el tono contra los posconvergentes. En el caso de los republicanos, sin sorpresas por su competición con Junts y su tesis de que acabarán aliándose con PP y Vox en una moción de censura. Sin embargo, los abertzales siempre habían mantenido el tono con Junts, a pesar de las diferencias ideológicas.
“Las condiciones idénticas que PP y Junts están imponiendo para intentar eximir y tapar su irresponsabilidad reduciendo su apoyo únicamente a las pensiones y al transporte público no son aceptables si dejan fuera todo el resto de medidas sociales que ya estaban en vigor”, clamaban desde EH Bildu. Incluso el PNV, que mantiene una estrecha relación con los posconvergentes, reprochaban tras el pasado pleno la estrategia negociadora de Carles Puigdemont por no aprovechar sus “bazas”. Junts siempre quiso visibilizarse como actor independiente del bloque de investidura.
Fuentes del grupo republicano retaban por su parte a que se aprueben decretos por separado de todas las medidas del decreto ómnibus y que «todo el mundo quede retratado sin excusas». Para visibilizar, en referencia a los posconvergentes, «quien vota a favor de grandes ‘lobbies’ y acepta chantajes junto a VOX y PP en contra de la ciudadanía».
“Todas las fórmulas”
Desde Podemos reclaman por su parte que se apruebe en Consejo de Ministros “un único decreto que contemple la prórroga de los descuentos al transporte público, la prórroga por un año de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables por impago de alquiler y la suspensión inmediata de los desahucios en precario, que se aprobaron a iniciativa del PNV”. En Junts se sigue viendo injustificado mezclar en un mismo decreto el aumento de las pensiones y las ayudas al transporte con otras medidas de “ámbitos muy diversos y dispersos”.
En el Gobierno, sin prisas pero con plazos, hablan de “estudiar qué materias suscitan mayor consenso” y, en caso de trocear el decreto, cuáles se salvan y cuáles no. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, avanzaba que “vamos a buscar todas las fórmulas que permitan el diálogo y el consenso” y confirmaba la intención de posponer la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros extraordinario. Al menos, “unos días”, con el objeto de negociar con sus socios, principalmente Junts, e intentar salvar otras de las numerosas medidas incluidas en el decreto ómnibus.
